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Todas las asociaciones de jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá por sus críticas a un juez de ‘La Manada’

Rafael Catalá.AGENCIAS Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la “inmediata dimisión” del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de sus críticas al magistrado que emitió un voto particular a favor de los condenados en la sentencia de ‘La Manada’, pues consideran esta actitud “especialmente escandalosa”. Mientras, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido”moderación” para “evitar la utilización política” de la Justicia.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que critican las declaraciones de Catalá.

Estos colectivos subrayan que la “intromisión” del Ejecutivo en las labores que corresponden “exclusivamente” al CGPJ -tutela o impulso de la labor disciplinaria- y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una “temeridad” por parte de quien ejerce como ministro de Justicia.

“Movido por intereses políticos”

Tras recordar que Catalá es el “único” ministro de Justicia reprobado en la democracia, los firmantes del comunicado le acusan además de exigir “responsabilidades políticas” y de apuntar que este magistrado tiene “algún problema particular” con “la clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos“.

“Estas manifestaciones, que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia, deberían provocar su inmediata dimisión”, subrayan la Asociación Profesional de la magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, además de jueces y magistrados de la comunidad.

Los firmantes destacan que “el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado”.

Por ello, dicen, “resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor”.

Al mismo tiempo ven “comprensible” que la opinión pública “pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial” y que es “incluso deseable” que surja un debate en cuanto a la regulación de los delitos contra la libertad sexual y de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas.

El CGPJ apela a la “moderación” para “evitar la utilización política” de la Justicia

Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ ha apelado, por medio de un comunicado, a la “moderación, prudencia y mesura” para “evitar la utilización política de la Justicia” o el “cuestionamiento” de la independencia de los jueces.

Además, tras “los últimos acontecimientos” el órgano de gobierno del Poder Judicial ha llamado a “reflexionar” e “incrementar los esfuerzos” para trabajar por “una sociedad más igualitaria” y al mismo tiempo “dirigir ese esfuerzo” por “cauces de reflexión prudente” por cuyo respeto “deben velar los responsables públicos”.

Antes, un vocal del CGPJ, José María Macías, respondía a las declaraciones de Catalá asegurando que no le consta que el juez discrepante de la sentencia de ‘La Manada’ tenga “algún problema singular” tal y como ha dicho el ministro de Justicia, al que ha pedido que aclare esa información.

“Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben”, ha subrayado Macías, que ha destacado que la obligación del ministro es colaborar con el “buen funcionamiento de la Justicia y con el Consejo”.

Sin expedientes abiertos contra el juez en los últimos cuatro años

Además, el vocal ha confirmado que en los últimos cuatro años el Consejo no ha incoado ningún tipo de expediente al magistrado González y ha recordado que “una vez que se ha impuesto una sanción y se ha cumplido, desaparece del expediente”.

El CGPJ, según ha asegurado, está dotado con unos mecanismos de control de la actividad no jurisdiccional pero no ejerce tutela ni control preventivo sobre como se dictan las sentencias, sino que se limita al correcto funcionamiento de los órganos.

Precisamente este lunes se ha conocido que el magistrado Ricardo Javier González fue suspendido por seis meses, en julio de 2001, por falta muy grave, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao por haber tardado más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio, algo que ya le había sucedido anteriormente. González fue multado por dilaciones en procedimientos de divorcio y separación de los que se había ocupado en los años 90.

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