El sindicato utilizó más del 98% de la subvención municipal para justificar una factura que ya había abonado antes de aprobarse la ayuda

Una factura de 101.728,94 euros, una subvención municipal de 100.000 y unas fechas que ahora están bajo análisis. La Agencia Valenciana Antifraude investiga las ayudas concedidas a UGT para celebrar en Valencia su congreso nacional de 2021. La documentación publicada por Las Provincias muestra que el sindicato había pagado el alquiler del Palacio de Congresos antes de que el Ayuntamiento aprobara la subvención y posteriormente utilizó esa misma factura para justificar prácticamente toda la ayuda.

La cronología: 29 de abril, 11 de mayo, 14 de mayo

Las fechas permiten entender el caso.

El 29 de abril el Palacio de Congresos emitió una factura por 101.728,94 euros. El 11 de mayo, UGT la pagó íntegramente con sus propios fondos.

El 14 de mayo, tres días después, la Junta de Gobierno Local aprobó conceder al sindicato 100.000 euros.

Finalmente, el convenio se firmó el 17 de mayo y UGT presentó su justificación el 21 de junio. Más del 98% de la subvención quedó asociado precisamente a aquella factura del Palacio de Congresos.

El convenio decía que UGT pagaría la sede

Existe otro elemento relevante.

El convenio establecía expresamente que UGT debía asumir los costes de organización y el pago de la sede del congreso.

Sin embargo, 100.000 euros de la factura de 101.728,94 euros fueron posteriormente imputados a la subvención municipal.

El dinero acabó en una instalación del propio Ayuntamiento

El Palacio de Congresos está gestionado por una fundación dependiente del Ayuntamiento de Valencia.

Por tanto, la ayuda procedía del Ayuntamiento y prácticamente toda la cantidad justificada correspondía al pago realizado por UGT por utilizar esa instalación municipal.

De los 100.000 euros subvencionados, 17.655,44 euros correspondían exclusivamente al IVA de aquella factura.

En total fueron 255.000 euros

La investigación es más amplia.

Además del Ayuntamiento, UGT recibió ayudas de la Generalitat y la Diputación, alcanzando un total de 255.000 euros relacionados con el congreso.

Según la documentación publicada, diferentes servicios municipales y autonómicos habían advertido sobre la conveniencia de que las ayudas se sometieran a concurrencia competitiva.

Ahora corresponde a Antifraude esclarecer si la tramitación y justificación de estas subvenciones se ajustó a la normativa. La existencia de una investigación no supone por sí misma que se haya probado una irregularidad o responsabilidad de los beneficiarios o de quienes concedieron las ayudas.