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El Ayuntamiento de Valencia deberá abonar 5.258 euros por interrumpir la instalación de cañones de agua en La Devesa
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el pago de 5.258 euros a la empresa Medi XXI Gabinet Solucions Ambientals SL. Esta cantidad cubre los daños y perjuicios derivados de la suspensión temporal, por casi tres años, del contrato relacionado con la instalación y control de cañones de agua en el bosque de La Devesa. La Junta de Gobierno tomó esta decisión en su reunión del viernes, en respuesta a la solicitud de indemnización presentada por la empresa.
La empresa había recibido la adjudicación del contrato para el suministro e instalación del sistema de monitoreo y automatización conocido como Sideinfo. Sin embargo, no pudo completar su trabajo entre el 12 de marzo de 2021 y el 5 de noviembre de 2023 debido a la suspensión temporal efectuada por el Ayuntamiento durante la administración de Joan Ribó, un hecho no atribuible al contratista. Los Bomberos elaboraron un informe evaluando los gastos reales que tuvo que afrontar el contratista por esta suspensión, que duró 31 meses y 24 días.
La suspensión se justificó mientras el Ayuntamiento esperaba una respuesta de la Conselleria de Medio Ambiente sobre los informes de impacto ambiental necesarios.
El contrato con Medi XXI para implementar el sistema Sideinfo, destinado a la defensa contra incendios forestales en el parque natural de La Devesa, se formalizó en mayo de 2018 con un plazo de ejecución de seis meses. No obstante, al acercarse la finalización del plazo, las consultas realizadas a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural aún no habían sido contestadas en relación a la necesidad de un estudio de integración paisajística.
En mayo de 2019, tras prolongar dos veces el plazo de ejecución, se decidió una suspensión temporal del contrato, la cual fue levantada en mayo de ese mismo año después de 12 meses y 19 días de pausa. Sin embargo, en marzo de 2021 se implementó una segunda suspensión temporal que se extendió hasta noviembre de 2023, motivo por el cual se reclama la compensación económica actual.
