Tras haber dejado su cargo como presidente de la Diputación de Castellón, que ha ocupado durante 16 años, Carlos Fabra vuelve al primer plano de la actualidad y, de nuevo, por la imputación de un delito. Un juzgado de Castellón ha observado indicios de delito en la actuación del ex político popular en la organización de corridas de toros de la Beneficiencia desde su cargo en la Diputación de Castellón.
Al más puro estilo de un impuesto revolucionario, Fabra obligaba a los ayuntamientos de la provincia a financiar el festejo taurino, que se celebraba con periodicidad anual, y a cambio les entregaba entradas para asistir al mismo. Todo ello, claro está, al margen de los habituales procedimientos oficiales.
La Diputación descontaba las entradas -que oficialmente figuraban como regaladas a los consistorios- de las pagos que la entidad provincial debía hacer a los ayuntamientos en conceptos de forma habitual en conceptos que nada tenían que ver con el evento taurino. Lo grave del caso, ya de por sí cuanto menos sospechoso, es que en aquellas transacciones no mediaba contrato ni recibo ni justificante alguno, sino ‘de palabra’.
El juzgado ve, de este modo, indicios de malversación y prevaricación y por ello imputa a Fabra, ya apartado de la política y por consiguiente de la Diputación de Castellón al haber sido condenado por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003.
VLC Noticias | Redacción
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