Valencia Noticias | Agencias.- La Fiscalía de Sevilla ha pedido imputar a 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, por un presunto fraude de 40 millones de euros en obras de riego en las marismas del Guadalquivir que se habría cometido con una subvención concedida en 2004, así lo informa desde su web rtve a través de la agencia efe.
En su petición al juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que tiene abierta una investigación por el caso conocido como “marismas”, la Fiscalía atribuye a los imputados los delitos de falsedad en documento público por funcionario público, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los ex altos cargos a los que la Fiscalía pide imputar son Francisco Ruiz Orta, director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura; Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe de departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales; y Manuel Antonio Cruz-Guzmán, jefe de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales.
También pide imputar a Julián Martín Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural, y Tomás Martínez Jiménez, director general de Regadíos y Estructuras de la Junta de Andalucía.
Por “razones operativas” y para evitar la prescripción de los posibles delitos, que se habrían cometido durante un “amplio periodo de tiempo”, la Fiscalía señala que debe comenzar a concretar hechos e imputaciones.
La Fiscalía se refiere a la aprobación, el 13 de octubre de 2004 por parte del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, de una subvención de 40.119.944 euros para la modernización del riego según un proyecto presentado por la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir.
El proyecto era de 66,6 millones de euros y se concedió a los regantes ayudas por 40,1 millones, según la Fiscalía, que ha investigado “el irregular procedimiento de adjudicación de las obras” y el pago de una primera certificación por valor de 4,2 millones de euros por obras que no se habían hecho.
Además, la Fiscalía solicita que se impute a un técnico de la Consejería de Agricultura, a ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes y a siete representantes de las empresas que intervinieron en el concurso de la obra.
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