El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos asiste con notable preocupación al proceso de destecnificación emprendido por la Administración Pública de la Comunidad Valenciana. Recientemente, la Diputación Provincial de Valencia ha convocado concurso para cubrir el puesto de Director/a de Carreteras, en cuya convocatoria se ha suprimido la necesidad de que el candidato ostente el título de Ingeniero de Caminos, abriendo así el concurso a los funcionarios del grupo A, cualquiera que sea su titulación.
Y lo grave es que tal decisión carece de motivación explícita alguna, sin duda, porque resulte difícil argumentar que prescindir del requisito de idoneidad que garantiza un nivel de conocimientos adecuado, sea la mejor forma de servir al “interés público” que debe servir de punto de referencia a cualquier decisión administrativa.
La potestad de auto organización de la administración no puede servir de excusa, sin incurrir en arbitrariedad, para eliminar la exigencia de una titulación que garantiza el nivel técnico deseable para el desempeño de una función. Máxime, cuando con ello se rompe con una tradición secular respetada por la totalidad de las Autonomías que conforman el Estado Español.
Y la preocupación se dispara al observar que la Administración del Estado, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha dado ya pasos en el proceso de destecnificación que denunciamos, en cuanto que, según resulta del Boletín Oficial del Estado de 11 de julio de 2012, ha designado para la Jefatura del Servicio Provincial de Costas de Castellón a un funcionario ajeno al cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Un hecho similar ya se produjo hace escaso tiempo, en el nombramiento de la Jefatura de Costas de Alicante.
Nos vemos obligados, por tanto, a dar un enérgico toque de atención a las Administraciones Públicas advirtiéndoles de que este proceso, lejos de ser discrecional, incide en arbitrariedad y empobrece el nivel de funcionamiento de los puestos de trabajo adscritos a aquellos. Obviamente, el Colegio ejercitará cuantas acciones estime necesarias para corregir esta situación, que se ve obligado a hacer pública en defensa tanto de la profesión como del interés de la ciudadanía.
VLCCiudad/Redacción
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