Domingo Rojo
Diputado Agermanat Corts Valencianes
Presidente Agrupación Olivereta Contigo (CSD)
El derecho de huelga amparado en nuestra Constitución, es un derecho fundamental y que ha de ser respetado, por todos los agentes sociales, así como instituciones y organismos públicos. Por esto, manifiesto todo mi apoyo a los taxistas en huelga, un derecho fundamental para cualquier sector laboral en un país democrático como es España. Pero hay que ser cauto y actuar con propiedad, no todo vale.
Nadie cuestiona que los taxistas tengan motivos más que suficientes para protestar y alzar la voz contra lo que ellos llaman ‘intrusistas’. El error radica en el enfoque de esta queja. Los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber o Cabify, no son los responsables de las largas jornadas laborales con horarios inhumanos a los que están expuestos los taxistas. Tampoco son los culpables de las inversiones astronómicas que han desembolsado muchos taxistas para adquirir licencias como autónomos. Razones más que lógicas para protestar, pero no contra los VTC sino contra los responsables que regulan este sector más que obsoleto en algunos aspectos.
Se ha crucificado a las ‘apps’ cuando lo que realmente habría que hacer es sumar fuerzas para conseguir ofrecer un servicio de calidad lo más completo posible. Bien es cierto que los cambios legislativos se producen a un ritmo mucho más lento que la evolución tecnológica. El sector público y, por ende, los partidos políticos tendrían que ofrecer soluciones ante este conflicto apostando por la modernización y las desburocratización del sector del taxi con el fin de mejorar notablemente este servicio público.
No hay que olvidar que estas ‘apps’ novedosas ofrecen un servicio público pese a ser prestadas por el sector privado y, por lo tanto, tienen que estar controladas de forma estricta y rigurosa. Lógicamente, para los usuarios cuantos más operadores, más competencia lo que genera unos precios más bajos y ajustados, y una mejor calidad del servicio. Pero, cuidado. Es necesario cierto orden.
Si bien es deseable que las nuevas alternativas de servicio de transporte público queden reguladas en un marco legal, abogaría por la no intervención en el sector, ya que la diversidad de competidores en el mercado favorece a la libre competencia, lo que redunda en beneficio de los usuarios del transporte público. En esta línea, es preciso regular las garantías que ofrecen los distintos operadores: seguros, impuestos, medios de pago…
La justicia apuesta por el enfoque aperturista. El Tribunal Supremo en junio trató de equiparar fuerzas con sentencias para todos los gustos. Resolvió de forma satisfactoria para los VTC algunas reclamaciones de Uber pero, al mismo tiempo, estableció cierto orden en el sector. Validó la proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis y exigió que estos operadores desarrollen el 80% de sus servicios en la autonomía donde se domicilian.
En mi opinión la solución no pasa por acabar con ninguno de los operadores, ni los taxis ni los VTC. Hay que escuchar las protestas de los taxistas y tratar de buscar la vía que favorezca a todas las partes. Evitar la entrada masiva de licencias para los VTC que acabe por dinamitar el sector de taxi y tratar de converger en la mejor de las direcciones para que cada operador tenga su espacio en el sector. Ninguno por encima del otro.
