Ante la no licitación de los servicios de seguridad privada en los Centros Penitenciarios de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, AUGC solicita que el Ministerio del Interior adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vigilancia exterior y las conducciones de presos, penados y detenidos, sin que ello suponga una carga de trabajo extra para los Guardias Civiles destinados a estos cometidos. Durante estas semanas se ha tenido conocimiento, a través de diversas noticias publicadas, de la no licitación del nuevo contrato a empresas de seguridad privada para el lote correspondiente a Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, al declararse desierto el concurso.
AUGC ya advirtió en numerosas ocasiones de esta situación podría ocurrir, ofreciendo también soluciones a la misma, como la posible reincorporación voluntaria, del personal en reserva sin destino, a la seguridad de centros penitenciarios y equipos de violencia de género. El próximo 1 de enero de 2020 los vigilantes de seguridad ya no prestarán servicio en los Centros Penitenciarios de las tres comunidades autónomas mencionadas, causando un doble perjucio: a los cientos de familias que se quedan sin trabajo, así como a los cientos de Guardias Civiles que tendrán que asumir esos cometidos, con la sobrecarga de trabajo que ello conlleva.
Nuevamente son los Guardias Civiles los que tienen que asumir y solucionar los presuntos fallos cometidos por la Secretaria de Estado de Seguridad, sin que tampoco se aprecie la más mínima preocupación del Gabinete de Coordinación y Estudios por la situación en la que deberán permanecer cientos de Guardias Civiles y Funcionarios de prisiones, cuyas plantillas en seguridad penitenciaria han sido mermadas durante estos últimos años, como consecuencia de la implantación de la seguridad privada en los Centros Penitenciarios.
En la Comunidad de Madrid son 7 Centros, en los cuales, según las cifras que maneja AUGC, serían necesarios casi 200 Guardias Civiles para cubrir las necesidades que se plantean, así como para seguir prestando servicio con unas mínimas condiciones de seguridad durante esta crisis, cifras en este momento impensables ante la falta manifiesta de personal en toda la Comunidad de Madrid. NOTA DE PRENSA En Castilla La Mancha disponemos de siete centros penitenciarios, siendo necesarios para cubrir el 100% de las necesidades de 160 Guardias Civiles, de ellos unos cincuenta para cubrir las tres cárceles entre Herrera y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuarenta en Ocaña (Toledo), otros cuarenta efectivos entre las Prisiones de Cuenca y Albacete, ya que las mermadas unidades existentes que llevan agrupando vacantes desde a reducción de aspirantes en las distintas convocatorias públicas que ha habido a lo largo de los años nos prevemos que va a ser caos en la reorganización de las mismas.
En el caso de Extremadura, concretamente del Centro Penitenciario de Cáceres, puesto que el de Badajoz es demarcación de la Policía Nacional, sí están cubiertas las plazas, si bien el 10% de las mismas están ocupadas por personal comisionado. Los Guardias Civiles se verán sometidos a jornadas maratonianas de trabajo, con la problemática añadida de las numerosas conducciones de presos, penados y detenidos para los que son requeridos, para trasladar a los internos a Juzgados, Centros Sanitarios, Permisos, etcétera, lo que ha motivado la reciente queja al Defensor del Pueblo de AUGC por el problema de la custodia en demarcación de Policia Nacional, contraviniendo la jerarquía normativa, de la cual permanecemos a la espera de una próxima resolución.
Lamentablemente, una vez más, debemos advertir de la grave incidencia de toda esta problemática en las zonas rurales, de las cuales, si el Ministerio del Interior no pone remedio, serán detraídos Guardias Civiles de cometidos de seguridad ciudadana para poder cubrir esta problemática de los Centros Penitenciarios, castigando nuevamente a los ciudadanos de estas zonas sin seguridad, convirtiéndolos en “españoles de segunda clase”. Se deben tomar las medidas que sean necesarias para acometer este grave problema de seguridad y, de derechos humanos para los internos de los centros penitenciarios, al no poder garantizar su asistencia sanitaria, y de derechos laborales para los Guardias Civiles, al caer sobre éstos la responsabilidad de cubrir los servicios de los Vigilantes de Seguridad, sin olvidarnos de los funcionarios de prisiones, que también deberán afrontar esta crisis sin medios ni personal suficiente. AUGC permanecerá vigilante ante esta situación, y denunciará cualquier vulneración de los derechos humanos, laborales o de cualquier tipo que se produzcan durante esta crisis, tanto administrativamente como judicialmente, ya que no debemos aceptar más desprecios hacia los Guardias Civiles que prestan funciones de seguridad penitenciaria en toda España. AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos.
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