Alejandro de Diego Gómez.
Secretario de Administración Local.
Sr. Presidente de la FEMP en unas recientes declaraciones parece que usted cierra la puerta a las fusiones de Ayuntamientos con tres líneas argumentales:
Una porque dice que los ciudadanos no la aceptan. No sé qué estudios maneja para hacer una afirmación tan rotunda, y espero que no sean sólo las opiniones de la mayoría de Alcaldes que suelen confundir sus propios intereses con la opinión de la gente, porque hay estudios demoscópicos que acreditan todo lo contrario, sobre todo en los Ayuntamientos más pequeños, donde hay una mayor predisposición a la fusión a cambio de una mejora de los servicios.
Otra por cuestiones económicas, entre ellas que los alcaldes de los pequeños Ayuntamientos no cobran nada, lo cual fue verdad durante mucho tiempo pero cada vez más se empieza a parecer a una leyenda urbana. Y en cuanto a que sus economías están saneadas y no presentan un problema de endeudamiento, la realidad es que no hay tales economías porque prácticamente no hay presupuestos, y por lo tanto capacidad ni tan siquiera de endeudamiento. En España hay 4.873, nada menos que el 60 % del total, que tienen menos de 1.000 habitantes, 3.787 no llegan a 500 y 470 ni siquiera a 50. Y no estamos hablando de comunidades de vecinos sino de Administración Pública. ¿Y usted cree de verdad que lo son, que se les podrá aplicar dentro de un año la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, por ejemplo, que establece el mismo por vía electrónica?
Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda en relación con el coste efectivo de los servicios, éstos, y especialmente los referidos a gastos generales, suben más cuanto más baja la población, mientras que el gasto repercutible directamente a la prestación de servicios básicos también baja a medida que desciende el número de habitantes. Es decir el comportamiento contrario no sólo al deseado sino al esperado por los vecinos, que en esos pequeños Ayuntamientos pagan incluso más en términos per cápita por un servicio prestado en precario que los de otros más grandes por los mismos pero de mayor calidad. Así los que se encuentran entre los 4.000 y los 6.000 habitantes, dimensión hacia las que sería imprescindible avanzar, mejoran todos los datos comparativos con los más pequeños y con una aportación per cápita muy inferior a la de estos reciben a cambio una mayor y mejor prestación de los servicios públicos básicos. Y de esto es de lo que se trata, de hacer justicia social sin sacrificar la propia naturaleza de los Ayuntamientos sino adaptándolos a la nueva realidad.
Por último, usted aboga por las agrupaciones para la prestación de servicios en estos Ayuntamientos, refiriéndose a las mancomunidades, figura semiabandonada actualmente ya que según los datos de Hacienda sólo representan el 5,5 % del sector público local, aunque son un argumento muy recurrente para enfrentarlas a la fusión de Ayuntamientos, y también a las Diputaciones, aunque reconociendo su necesidad de transformarlas, porque convendrá conmigo que no supone una medida de regeneración democrática trasladar el centro de decisiones en la prestación de servicios municipales a una institución en cuya composición no intervienen los vecinos, y por lo tanto no pueden ni premiarla ni castigarla electoralmente. Pero lo que más me llama la atención es su referencia a las áreas metropolitanas, cuando hay muy poca experiencia en relación a estas y no siempre positiva como para exportar la fórmula, y eso usted lo sabe muy bien.
Sr. Caballero, al finalizar esta legislatura se cumplirán 40 años de los primeros Ayuntamientos democráticos tras la Constitución y, desde mi punto de vista, tres son los retos fundamentales de nuestra Administración Local: su financiación más allá de una Ley de Haciendas Locales, sus competencias mediante la superación de la desafortunada Ley de Racionalización y Sostenibilidad, y el redimensionamiento de la planta local. Veremos si todos estamos a la altura de la historia.
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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