Documental “FRENTE A LA GRAN MENTIRA” de la democracia en España por Atanasio Noriega

 

PRESENTACIÓN

 

Este documental contiene información considerada herética por el régimen político actualmente en vigor. No se trata de un contenido doctrinal o ideológico:  de hecho, no hay ideología alguna que sustente la información que podrá ver y escuchar a continuación. Pero sin embargo, la explicación y exposición de las cuestiones que se abordarán, están prohibidas y censuradas por el poder actualmente establecido en España y en toda Europa.

La mayor parte de lo que verá desarrollado, se debe principalmente a la obra y descubrimientos de un jurista y pensador repúblico español, uno de los más destacados en toda la historia de España, y entre los mayores de todos los tiempos en todo el mundo: Antonio García-Trevijano Forte. Principal líder de la oposición a la dictadura del general Franco y condenado al ostracismo por el Estado de Partidos actual. Durante la dictadura, fue ordenado asesinar en dos ocasiones en sendos consejos de ministros. Un hecho insólito, y sin precedentes en la historia política moderna.

Si hay un hecho inicial que motivó la decisión de elaborar este documental, fue el descubrimiento sorprendente, hace ya algunos años, de que existía en España una persona de la talla y envergadura intelectual del abogado granadino, creador en

1975 de la Junta Democrática, cuya voz estaba silenciada y su conocimiento restringido para la opinión pública española. Su obra es desconocida en los centros académicos y de enseñanza en España, y su legado de pensamiento, apartado del conocimiento de las nuevas generaciones de españoles, que deberían de tener la inquietud por conocerlo y aproximarse a él, como parte de su formación intelectual y para la conquista de la libertad política que actualmente no tienen.

Si había creído hasta ahora que en España había democracia, que había libertad política, en los próximos minutos descubrirá que estaba equivocado. Descubrirá la existencia de la gran mentira que sustenta esa creencia.

Que existía una gran inquietud por el porvenir político, en los años previos a la muerte del dictador militar, es algo incuestionable e indudable, incluso para los historiadores más afines al poder establecido en España. Hasta entonces, la servidumbre voluntaria de una jerarquía, y el miedo a la política de la mayoría de españoles, había permitido que Franco ejerciera su poder absoluto, durante cuatro décadas, sin recibir apenas resistencia. Pero pasar de una forma de Estado degenerada,  la  dictadura,  a otra idealmente virtuosa como lo es la monarquía, parece ser contrario a las leyes eternas de lo político, descubiertas por los clásicos. Y el propósito del dictador, era el de imponer una Corona a un rey, que sería traidor a su propio padre, renunciando así al honor característico que fundamenta la monarquía;   algo   que   inicialmente   rechazaba   una   insignificante   minoría   de integristas, pero que era indiferente a la mayoría acomodaticia de accidentalistas.

Esta  intranquilidad  e  inquietud  afectaba,  no  únicamente  a  los  más cercanos y privilegiados por el jefe del Estado, sino también a todos los principales actores en la  reducida    oposición  clandestina;  la que logró sobrevivir a la represión y los fusilamientos. Por eso, a pesar del secretismo y el silencio informativo en los medios de comunicación para las masas, se hacía cada vez más explícita la acción de una oposición civil. Una oposición motivada entonces, con la posibilidad de llegar a la forma política de la democracia: La libertad política de todos, frente a la ausencia de ella en una dictadura autoritaria. Una oposición verdadera entonces, que no formaba parte del Estado, y cuyo fracaso final vendría por su pacto con el poder establecido.

Esa situación de desconcierto, que ofrecía una esperanza de futuro con libertad política, origina una gran preocupación en los mayores beneficiarios del ejercicio del poder:  la  élite  franquista.  No  es  el  amor  a  la  libertad  lo  que  guía  a  los más recalcitrantes, sino el miedo pánico. El miedo de los vencedores a los vencidos, maneja la búsqueda de una vía para mantener ese control estatal, sobre la clase gobernada.  El  miedo  a  la  libertad,  aboca  a  los  más  cobardes  a  renunciar  al liderazgo,  para  buscar  asegurarse  en  el  poder  a  través  de  la  reforma    de  lo existente.

“La cobardía es la madre de la crueldad” Antiguo proverbio árabe citado por Michael Montaigne en su obra. (Capítulo XXVII del libro segundo de ensayos)

 

Algo que evidencia esa cobardía, es la popularización entre la opinión pública de la expresión:  “como  no podía ser de otra manera“. Un concepto que comienza a manejarse con frecuencia, y que perdura en el uso colectivo en nuestros días. A pesar de que en el terreno político de las decisiones esto siempre es falso, sirve para confortar al que no tuvo el valor suficiente para haber hecho lo que se podía y se debía hacer.

Por este motivo, los herederos del poder obtenido en la victoria de la última guerra civil, en una situación de debilidad política, intuyen la necesidad de incorporar, de algún modo, a las principales fuerzas de oposición que podrían causar una situación incierta, en el caso de no ser legalizadas. El miedo, parece no dejar otra salida que la del pacto para repartirse el botín. Y la ambición de los vencidos, conducir a la necesidad de aceptarlo, renunciando así a su lucha por la libertad colectiva. La oposición renuncia a todas sus ambiciones a cambio de ser legalizada, aceptando la legalidad impuesta por la dictadura anterior.

Es en este clima político donde, durante varios años, el prestigioso abogado granadino   Antonio   García-Trevijano,   desarrolla   una   incesante   actividad.   Su propósito es el de agrupar y coordinar toda la acción contraria a la dictadura, en una unidad de oposición, dirigida por él, y que sería conocida como “la Platajunta”. Acciones que se van desarrollando en su mayor parte de forma clandestina, pero que  persiguen  el  concurso,  más  o  menos consciente, de diversas formaciones políticas.  Algo  que  debía  culminar  en  un  periodo  de  libertad  constituyente  en España, que finalmente instituyese la separación de los poderes.

Sin embargo, como ya hemos visto, el terror de quienes heredan el poder de la dictadura,  se  encuentra  y  se  une  a  la  ambición  de  tenerlo,  de  los  que hasta entonces habían formado una oposición en favor de la Libertad. Este pacto entre contrarios unidos por el miedo, es lo que se llamó “la transición española” y lo que impidió la democracia y la libertad constituyente de los españoles. Un pacto de unión entre traidores a sus propios principios e ideales. Por este motivo hoy no hay democracia en España.

Lo que fue llamado “la transición española” en 1978, fue realmente una transacción. Un pacto para mantener la unidad de poder, con la misma división de funciones de la dictadura. Un pacto de reparto del botín y de las empresas públicas. Un pacto que funda una oligarquía de Partidos y que impide la democracia.

La transacción de 1978 y el texto al que se hizo llamar “la Constitución”, es la causa y el origen de toda la corrupción actual. Existe este grado de corrupción porque no hay democracia en España.

 

Hoy, la mayoría de las personas, por haber escuchado infinidad de veces repetido el término “consenso”, han dejado de observarlo con la extrañeza y los reparos pertinentes  hacia  una  palabra,  que  jamás  se  había  aplicado  a  la  política.  El consenso, un término medieval, utilizado hasta entonces en el ámbito de lo espiritual y lo eclesiástico, se incorpora a la doctrina política del nuevo régimen de origen franquista en España. La muerte de Franco marca el fin de la dictadura y el inicio del franquismo, el consenso político entre quienes heredan ese poder. De la dictadura de un partido único, se pasa a la oligarquía de varios Partidos del Estado. Todo lo demás, se mantiene exactamente igual. El gobierno que existe en España en el año

2020 obtiene su legitimidad de Franco, de su victoria en la guerra civil, y se ejerce, lo mismo que en la dictadura, de forma vertical y autoritaria; sin libertad política para la sociedad civil gobernada.

Si la política, que es la lucha por el poder, necesita del conflicto y de la polémica para existir, el consenso es su contrario, es decir, la eliminación o prohibición de la política. El militar prusiano Carl von Clausewitz, uno de los más célebres y brillantes historiadores de la ciencia militar, definió la guerra como “la continuación de la política por otros medios”. Siendo esto la verdad, entonces es  la guerra, ante la imposibilidad  civilizada  para canalizar el conflicto, la alternativa que lo resuelve mediante la fuerza de la barbarie.

Si la política existe únicamente cuando hay un sistema político de libertades que la permite, la guerra es el fracaso de los regímenes que la impiden. Hoy, a pesar de que las apariencias y la opinión publicada simulen lo contrario, la política no existe como tal en España. No hay lucha por el poder, sino únicamente por la fama y el dinero, dentro del Estado, en el poder soberano instituido. Es el consenso lo que impide la existencia de la política. No hay política porque no hay libertad, no hay pensamiento porque hay consenso, y hay consenso porque hay una oligarquía en el poder del Estado. El consenso político indica, como fenómeno característico, la existencia de una oligarquía en el Estado. Hay consenso, precisamente, porque no hay  democracia. Donde hay democracia no hay nunca consenso, porque es la mayoría la que decide, en unas elecciones.

Por causa de lo explicado hasta ahora, para continuar la dictadura por otros medios e impedir la libertad política, se establece el consenso político entre una oligarquía de jefes de Partidos, que sucede a Francisco Franco, en el poder. Un pacto para repartirse el poder autoritario del Estado, que impide la lucha política en España, la

sustituye con prácticas burocráticas, administrativas y comerciales, e impone un sentir único de traición y vergüenza a toda la sociedad civil. Ese poder quedará garantizado  mediante  un  sistema  proporcional de listas, que proporciona poder absoluto y sin control de nada, a quienes las hacen. Una oligarquía política dentro del  Estado;  una  única  unidad  de  poder  establecido,  con  la  misma  división de funciones legislativa y judicial anteriores, donde será la corrupción personal, institucional y sistemática, el único medio que permita la estabilidad.

Las empresas públicas, administradas por el Estado, se reparten entre los oligarcas del  consenso  y  de  forma  análoga,  los  diferentes  territorios  de  España  se fragmentan, para que el Estado disponga de más administraciones e instituciones, donde colocar a los segundones de cada partido estatal. Se desconcentra el poder para extenderlo, en lugar de descentralizarlo. Se aumenta el alcance e injerencia del Estado concebido por Franco, mediante la centralización del mismo, en unidades territoriales desconcentradas. Un Estado mucho mayor que en la dictadura, centralizado   en las autonomías, y cuyo poder estará más desconcentrado, hipotecando así su fracaso en el futuro. La monstruosidad del consenso, supone la muerte moral, el suicidio, de la sociedad española. La corrupción se hace factor de gobierno, un factor imprescindible para gobernar y para que pueda haber estabilidad del régimen.

LA POLÍTICA DE LAS APARIENCIAS

Si la propaganda había logrado ya, en menos de una década, habituar a la opinión pública al consenso político, todos los medios de comunicación escrita y audiovisual debían ocuparse, exclusivamente, de fabricar un juego de apariencias, donde los funcionarios políticos de los Partidos, fuesen los protagonistas.

Si ya no existe ninguna lucha por el poder, porque el consenso de una oligarquía la impide, entonces es necesario convertir a la sociedad civil, en espectadora de un espectáculo, donde parece que la hay. De este modo, todas las tertulias políticas en España se ocupan, no del análisis de lo que existe, sino de lo que parece que existe. Lo importante es que parezca que hay democracia y que parezca que hay libertad. Lo que únicamente son derechos otorgados, facultades concedidas desde el  poder,  se  hace  aparecer  como  si  fuese  la  libertad  política.  Las  pequeñas libertades concebidas en plural, llevan a renunciar, finalmente, a la autenticidad de la Libertad con mayúscula, la fundamental, la libertad política colectiva.

Los Partidos políticos, al convertirse en órganos del propio Estado, en instrumentos de un poder único, absoluto e inseparado, actúan para integrar a las masas. Un funcionamiento  idéntico,  de  adhesión,  al  que  ya  había en la anterior dictadura militar. Buscar las adhesiones sentimentales e inquebrantables de diferentes espectros de votantes, es el cometido de cada una de las facciones estatales. Y cuando alguna se agota o se produce una desafección, como sucedió durante el movimiento de los indignados del 15M, el propio régimen fabrica nuevos Partidos políticos. Un intento de rejuvenecerse, como en el caso reciente de Podemos, VOX o Ciudadanos. Devolver la ilusión a las masas, para que sigan votando, como si hubiese democracia.

La integración de las masas en el Estado, es un concepto heredado de la filosofía idealista alemana que sustenta al fascismo. Es lo que sustituye a la representación política, y lo que impide que la haya. Es la apariencia de la representación, la política de la apariencia, la que impide a los españoles ver con claridad la ausencia de la democracia. Sentirse identificado en lugar de estar representado. La palabra “representación” sustituye al término “identificación” en el vocabulario popular.

Al estar prohibida la elección de representantes, de forma uninominal y directa, se necesita  constantemente  de  un  afecto sentimental hacia organismos del propio Estado. Organismos que tratan de diferenciarse con su estética y mensajes, para captar votantes que ratifiquen lo que desde el poder se les oferta. No hay democracia, pero la política de las apariencias produce símbolos y logotipos, que facilitan una participación simbólica de los votantes. Parece que los votantes eligen, parece que hay elecciones, y esto mantiene la ficción y un engaño siempre vigente. Se explica al votante que apoya “unas ideas”, para que así olvide que no elige a las personas y que no hay democracia como forma de gobierno.

La realidad es que lo importante son las personas, no las ideas. Las personas son responsables, las ideas no.

En España parece que hay democracia, pero hay un Estado de Partidos. Parece que hay libertad política, pero hay únicamente unos derechos otorgados. Parece que hay política, pero lo que hay es reparto del dinero.

 

EL GOLPE DE ESTADO DEL 23F

 

El 23 de febrero de 1981 tiene lugar un golpe de Estado, aparentemente frustrado por el rey, y cuya manifestación pública se realiza en el Congreso de los diputados de los Partidos. Lo que la gran mayoría de españoles desconocen, es que ese golpe

tiene su inicio días antes y que sirve para destituir al entonces presidente, Adolfo Suárez. El autor del mismo es el rey: Juan Carlos de Borbón. Y el propio artífice, el jefe del Estado, es tan poco inteligente, que lo confiesa en un mensaje enviado al general Milans del Bosch y que se hizo público:

“Acabo  de  dar  un  mensaje  por  Televisión,  afirmando  mi  rotunda  decisión  de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”.

Ningún  jefe  de  partido,  ningún  diputado,  ningún  periodista de ningún medio, o ninguna persona en España, realizó la pregunta pertinente tras esta extraña frase. Si ya no podía volverse atrás, significa que, antes del mensaje, sí que podía hacerlo.

Esta información y la exposición de este hecho, ya fue realizada públicamente, en el año 1995,a través de las páginas del Diario “El Mundo”. La única persona en toda España que reparó en esta cuestión, y que se atrevió a denunciarla públicamente, fue Antonio García-Trevijano. Su relato fue posteriormente confirmado por Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa Real en aquellos momentos. El artículo publicado el 27 de noviembre de ese año, dejó la constancia e hizo evidente este hecho que ya forma parte de la historia de nuestra nación.

Tampoco preguntó nadie, acerca de lo dicho por Adolfo Suárez, en su discurso público de dimisión, donde lo evidenciaba muy claramente:

¿Por qué nadie se preguntó por la dictadura que amenazaba a Suárez? Si no quería ser un paréntesis ¿Dimitía porque ya había participado en una dictadura, la de Franco, y no quería participar en otra?

Lo que estuvo planeado, y finalmente no pudo llevarse a cabo, fue la creación de un Gobierno  de  concentración.  Un  nuevo  Gobierno,  que  estaría  presidido  por  el General Alfonso Armada, en el que participaban miembros del partido socialista, del partido comunista y, naturalmente, de Alianza Popular, los herederos directos de Franco.

Antonio Tejero, un simple peón de toda la operación, por desconocerla, la hace fracasar. Según explicó él mismo, una de las principales causas fue la de enterarse de que en el nuevo gobierno, iban a participar comunistas. Algunos días más tarde, al verse abandonado, acusaría de cobardía y de traición a toda la jerarquía militar española. No sabía que todos estaban siguiendo las órdenes del rey, y que éste, a su vez, había sido aconsejado por los más altos cargos militares.

El golpe del 23F, dado por el rey Juan Carlos, es la prueba de que en España no hay una Constitución. Es la prueba de que no hay democracia. El golpe de Estado no es el 23F, el golpe de Estado es el que da Juan Carlos de Borbón, con los militares, para destituir a Adolfo Suárez.

Juan Carlos de Borbón, cómplice de los militares, es la evidencia clara de una acción que hubiese sido anti-constitucional si en España hubiese habido una Constitución.  Que el golpe de Estado fuese posible, es decir, la destitución de Adolfo Suárez, demuestra que había un Presidente débil y sin poder, que no hay una separación de los poderes constitucional. Algo que hubiese hecho imposible esa acción de fuerza sobre el cargo de la presidencia.

Por lo tanto, el golpe de Estado, que no sucedió realmente el 23F, no esconde ya ningún misterio: fue organizado por Juan Carlos de Borbón. Y por eso, unos meses después, Santiago Carrillo, que era entonces el jefe del Partido Comunista, pide el premio Nobel de la Paz para el rey.

Hoy, como resulta evidente, todos los Partidos políticos lo siguen silenciando, y se oculta este hecho en la historia de España. Una prueba más, de que en España no hay democracia.

 

LA DEFORMACIÓN DEL IDIOMA

Una de las principales y más nefastas consecuencias del consenso político, y de la política de las apariencias, es la de la deformación del idioma español.

Por muy sorprendente que pueda  parecer, para se sostenga la mentira pública y la corrupción política sea normalizada, es necesario que las personas dejen de poder pensar de forma normal y acorde a la realidad. Esto se logra mediante la incorporación de palabras y expresiones que deforman el pensamiento, impidiendo así la libertad para ejercerlo. Algo que resulta en el hecho observado y observable de que, en general, las personas cada vez se expresan peor, sus frases son cada vez más difíciles de comprender para todos los demás, y de ese modo priman únicamente unas manifestaciones sentimentales a las que hacen llamar “la inteligencia emocional”.

La inteligencia emocional sirve fundamentalmente para engañar y manipular, mientras que la inteligencia normal, contribuye a conectar hechos distantes de la realidad. Es por esto que si las palabras dejan de señalar hechos objetivos de la realidad, lo que hace sustantivo al idioma, lo que es universalmente observado por todos los hablantes, se hace imposible el pensamiento humano natural, y las personas tienden a fantasear a través de sus emociones siempre cambiantes.

Ejemplos de deformaciones del idioma los podemos encontrar, en los siguientes términos y expresiones:

 

–     La palabra “políticas” en plural, en lugar de la palabra “política” singular. La palabra  “política”  ya  expresa  una  síntesis  y  una  pluralidad, una práctica humana que es única como concepto y diversa en su forma de expresarse. Al utilizarse incorrectamente este término en plural, parece que existe una diversidad, cuando lo único que hay son diferentes medidas administrativas, de una ÚNICA política estatal.

–     El uso anómalo e incorrecto de la preposición “desde”, introducido durante los primeros años del actual régimen, por quien escribía los discursos a Adolfo Suárez. Para hablar a los demás no en la misma situación de inmediatez, sino estando en una posición distante y alejada, de evidente y manifiesta superioridad. Para parecer elevado, se habla “desde la simpatía”, en lugar de “con simpatía”. O “desde el afecto” en lugar de “con afecto”.

–     La  confusión  constante  del  término  “tolerancia”  y  que  sustituye,  hace desaparecer y desplaza, al de “respeto”. Se tolera lo que se domina y se respeta lo que se teme. Por eso una sociedad de tolerantes es una sociedad de  individuos  que  tienden  a  ser  dominados,  y  que  únicamente temen y respetan la represión y coacción estatal.

–     La expresión “este país” y que se utiliza de forma compulsiva para evitar decir España o la nación española. La nación, que es España, se trata de eliminar del pensamiento, para que el término “nación” tenga implicaciones tribales y regionales, propias de los hombres primitivos y las civilizaciones incipientes. “País” es un término moderno, de origen francés, que hace referencia a un pequeño territorio, al paisaje divisado desde una prominente elevación.

–     “Educación pública” en lugar de “enseñanza pública”. Lo cual hace que se vea como algo normal, expresiones aberrantes y monstruosas como: “pacto de Estado por la educación”. Si el Estado educa, lo hará necesariamente para  el   vasallaje,   sustituyendo   así   esa   ocupación   que   naturalmente corresponde a la familia y al entorno social cercano e inmediato. El Estado únicamente debe instruir, y los profesores y los maestros, enseñar; es decir, señalar.

 

LA PROPAGANDA

En el arte de la propaganda política, uno de los máximos exponentes y pioneros tras la revolución francesa, fue Joseph Goebbels, ministro de ilustración pública durante la dictadura nacionalsocialista en Alemania. Éste, a su vez, observa los principios expuestos por Adolf Hitler, en el capítulo dedicado a la propaganda de guerra, en su libro  “Mein  kampft”. Así, su populista premisa, es la de convertir todo mensaje político en algo que vaya dirigido a los sentimientos o emociones, y no a la razón o la inteligencia.

Esta es la parte esencial de esta forma de actuar del poder establecido, a través de todos los medios de comunicación de masas a su alcance.

Es  muy  frecuente  y  habitual  observar  cómo,  a  través  de  las  modernas  redes sociales en Internet, incluso las personas que comprenden que no hay democracia en España, y que conocen el carácter totalitario y autoritario subyacente en un Estado de Partidos, caen continuamente en la difusión de las noticias y vídeos, que llevan a una decepción sentimental.

Estos sentimientos mueven al incauto e indignado a votar lo que percibe como menos  malo.  La  propia  ambición  por  encontrar  una opción política con la que sentirse emocionalmente vinculado, lleva a olvidar la realidad visible y existente, para  terminar  aceptando,  por  hastío,  el  dogma político imperante. La adhesión sentimental, se confunde con la ausencia de representación política. No hay representación o acción política, pero hay un sentimiento emocional que vincula a los consumidores de la propaganda.

Actuar mediante la imitación de lo que se observa en los medios de comunicación, en las tertulias y a los personajes autorizados por el régimen de Partidos, es lo que lleva a que la opinión publicada se convierta, inmediatamente, en opinión pública. Desaparece por lo tanto la opinión pública, quedando convertida en una simple repetición de lo que se oye en los medios de comunicación, al servicio del Estado. Las personas creen defender así sus propios intereses, creen actuar por iniciativa propia,  cuando  lo  que  realmente  hacen  es  propagar  la  indignación,  que  tanto interesa al poder establecido.

Mientras reine la indignación entre la sociedad civil, es prácticamente imposible una acción de verdadera oposición al poder único estatal, en manos de los Partidos políticos. Porque quien se indigna, es únicamente aquél que desconoce las causas de algo, y se molesta por los efectos que percibe. Un indignado jamás sirve para una acción política de oposición, porque será fácilmente manejable a través del control  de sus demandas y peticiones, realizando concesiones y otorgando. Es quien tiene el poder de otorgar, el que se reserva la capacidad de retirar lo otorgado, a su única conveniencia. Se concede desde el poder y se demanda, con la indignación, en la servidumbre voluntaria de los votantes.

 

 

No hay nada que sea más útil y sirva mejor al sostenimiento del poder, que un permanente estado de indignación entre la opinión pública. Se garantiza así, que jamás existirá una oposición organizada e inteligente.

 

 

 

 

 

PARTIDOS POLÍTICOS, NO PERSONAS FÍSICAS. EL ESTADO DE PARTIDOS

 

 

El nacimiento de una nueva forma de gobierno que se conoce como “Estado de Partidos”  y  el  sistema  proporcional  de  la  República  de  Weimar,  encuentra  en Gerhard Leibholz, jurisconsulto alemán que fue presidente del Tribunal de Bohn, uno de sus máximos exponentes y defensores. Este prestigioso jurista, en el ensayo “Representación e identidad”, explica, con claridad diáfana, cómo esta forma de gobierno  elimina  completamente  la  representación  política  del  votante,  para sustituirla con la identificación sentimental, la integración de las masas en el Estado.

 

 

La   integración   de   las   masas,   la  identificación  de  los  gobernados  con  los gobernantes y la consecución de un Estado total, un Estado legislador, es algo que forma  parte  de  la  doctrina  europea  del  fascismo,  y  constituye  su  mayor logro histórico en todo el Continente. Estas tesis vencedoras son las que se incorporan, finalmente, a la socialdemocracia perdedora, después de la II Guerra Mundial. Es lo que sustenta a los Estados de Partidos o partidocracias actuales, primero en Alemania e Italia, y después en España, siendo imitado por la clase dirigente, tras la muerte del general Franco. Los textos fundamentales de Alemania o de Italia, que no son verdaderas Constituciones, por carecer de separación de los poderes, son copiados, de forma defectuosa, por los artífices de la Carta Otorgada de 1978, en España. Un texto, redactado secretamente tras la muerte del dictador, jurídicamente impracticable o inaplicable, técnicamente deficiente, pero que sirve, sin embargo, al establecimiento de una oligarquía dentro del Estado.

 

 

A partir de estas nuevas Leyes Fundamentales de 1978, que se hacen pasar por una Constitución, mediante un referéndum sin Cortes constituyentes, los Partidos estatales pasan a convertirse en los únicos agentes políticos posibles. Esto significa que ya no es el individuo, la persona física y real, quien tiene la capacidad para operar   en   la   vida   política   pública,   sino   que   únicamente   pueden   hacerlo corporaciones o personas jurídicas, orgánicamente constituidas por el propio poder establecido, en el Estado. La abstracción corporativa y con vocación empresarial,

 

sustituye al individuo, y así se impide que pueda haber política; los individuos votan las ideas facilitadas por unas ficciones jurídicas, y de ese modo se impide que puedan  elegir  a  personas  reales  y  físicas.  Personas  jurídicas,  los  Partidos, sometidos por la ley de hierro de sus respectivos jefes y cúpulas, que mediante una eficiente estructura vertical, los dominan.

 

 

(imágenes y citas de Robert Michels aquí. Libro “Los partidos políticos”)

 

 

Este es uno de los aspectos que resultan más difíciles de asimilar, para la mayoría de las personas que escuchan estas explicaciones por primera vez, y lo que impide ver la sustancial diferencia, entre la democracia entendida exclusivamente como sistema político formal, y el régimen de poder de un Estado de Partidos. Por esto, se suele creer, por desconocimiento e irreflexión, que basta cambiar a los individuos que integran esos Partidos del Estado, hacer que sean personas honestas y honradas, para solucionar un problema político que causa constantemente degeneración  y  corrupción. Quienes lo piensan o explican, desconocen que no existe un sistema político, porque lo que hay en su lugar es un régimen de poder, vertical y autoritario, como sucede igualmente en una dictadura.

 

 

La corrupción no es causada por la degeneración puntual de los individuos, sino por la  propia  forma  política  que  se  establece  por  consenso.  La  corrupción  es institucional,  sin  que  pueda  existir  un  control,  al  no  haber  separación entre el legislativo y el ejecutivo; entre los legisladores y el Gobierno. Si no hay separación de los poderes, únicamente la corrupción moral de todos los pactos políticos entre Partidos, sostiene al Estado. La corrupción moral y económica, se hace factor de gobierno.  En  España,  en  el actual régimen, es obligatorio corromperse y estar moralmente corrompido, para poder gobernar.

 

 

Por eso no es posible que las leyes solucionen la corrupción. Realmente es algo imposible de solucionar de ese modo, ya que al no existir la representación y la política ejercida por individuos, por personas físicas y reales, cualquier problema se convierte en estructural e institucional. La corrupción se instituye como factor de gobierno en un Estado de Partidos. Son las propias instituciones las que obligan a la corrupción de los individuos, y al no haber representación política, es indiferente el partido que se vote o el nombre o las ideas que diga defender ese partido.

 

 

En España hay una partidocracia porque el poder lo tienen los Partidos políticos y más concretamente, las cúpulas de esos Partidos, y no lo tiene por lo tanto el cuerpo de votantes, desposeídos de su condición de electores. Hay votaciones a Partidos, pero no existen elecciones representativas; no hay una elección de representantes. Se vota a órganos estatales, pero no se elige jamás a gobernantes.

 

Un régimen de poder en el cual los gobernados no eligen libremente a sus gobernantes,   no   puede   ser   denominado,   más   que   para   confundir,   como democrático.

 

 

Por  esto,  bajo  la  denominación  de  “Estado  de  Partidos”  lo  que  se  esconde realmente  es una oligarquía política y financiera dentro del propio Estado. Una oligarquía  de  jefes de Partidos, que se reparten el poder mediante un sistema proporcional de cuotas, obtenido de la ratificación de sus listas en las urnas. Si la legitimidad de origen de todos los Partidos políticos es únicamente la que obtienen de Franco, en su ejercicio, la toman de la servidumbre voluntaria de quienes acuden a votar. Por eso todo el que vota, se corrompe y apoya a aquello que lo somete y lo maltrata.

 

 

En un Estado de Partidos no existe una lucha por el poder de los individuos, puesto que todos los Partidos ya están en el poder, ya son parte orgánica del Estado que los financia y los mantiene. Existe la ficción de un enfrentamiento entre entidades ficticias, Partidos estatales. Y al desaparecer esa lucha verdadera por el poder, lo que existe es una disputa, dentro del Estado, por obtener el dinero y la fama; el prestigio social que fabrica, artificialmente, la propia maquinaria burocrática y propagandística.

 

 

Para que desaparezca la política realizada por las personas individuales, se hace necesaria una identificación sentimental, la de los gobernados, con los organismos creados por el poder establecido. Facciones que tienen el propósito de mantener a la sociedad civil excluida de la política, a través de una ficción, una representación, entendida   de   forma   teatral   o   fingida.   Se   llama   “representación”   o   “estar representado” a lo que es “identificación” o “sentirse identificado”. Puesto que los individuos únicamente pueden votar a Partidos, es imposible que haya democracia y que los gobernados elijan a sus gobernantes.

 

 

Si  recordamos  lo  explicado  anteriormente,  en  el  capítulo  de la propaganda, al respecto de la importancia de la ficción sentimental, veremos ahora cómo el populismo y la demagogia, son la consecuencia lógica en la degeneración de la partidocracia. El Estado de Partidos o partidocracia no es una degeneración de la democracia, es una forma de gobierno distinta, con distintos mecanismos, y cuya principal característica es la corrupción. El grado de corrupción actual en España, que es de los mayores del mundo, es la consecuencia de que no hay democracia. Si la hubiese, sería imposible la corrupción institucional.

 

 

 

 

 

LA DEMOCRACIA FORMAL O REPRESENTATIVA

 

 

La historia y los grandes pensadores de la política, han demostrado ya, suficientemente, cómo éste término tan manido, tan presente en las conversaciones sobre las circunstancias políticas, únicamente puede considerarse y estudiarse de dos maneras: mediante su observación social y material, o bien según una aproximación exclusivamente política y formal. Es decir, o bien se toma la democracia como una idealización indefinida, que sirve para la consecución de ambiciones materiales, o bien se realiza una observación, estrictamente científica y desapasionada, a través de sus reglas constitutivas. Dicho de otro modo: o son únicamente reglas que sirven para desarrollar la lucha por el poder, o no se puede comprender jamás lo que es la democracia.

 

 

La democracia formal es algo realizable, que es posible alcanzar, mientras que la democracia material es una utopía inalcanzable, que nadie sabe explicar o decir lo que es. Esto último es lo que constituye lo que el filósofo español Gustavo Bueno llamó “fundamentalismo democrático”: la utopía de la palabra democracia, entendida a través de la igualdad material y de condiciones.

 

 

En su consideración formal, la democracia es un concepto claro y nada ambiguo, que permite la libertad política a través de la representación, la libre elección de individuos representantes de otros, en cuyo nombre actúan. Esta libertad política queda asegurada además, mediante la radical separación, en su origen, de los poderes legislativo y ejecutivo, de forma que las ambiciones de unos, estén permanentemente enfrentadas a las de los otros.

 

 

De este modo, ese control mutuo enemistado de forma irreconciliable, hace que se pueda preservar la virtud de la esfera pública. Que las oportunidades políticas sean iguales, para cualquier opción planteada, por quienes integran una sociedad. Por eso no es concebible la prohibición de unas ideas o de unos Partidos políticos, cualesquiera  que  sean,  cuando  hay  democracia;  por  la  sencilla  razón de que, cuando la hay, las acciones políticas y la responsabilidad, recaen exclusivamente en cada individuo. Se pueden juzgar hechos jurídicos, pero no las ideas o los ideales de los individuos. Cuando hay democracia, las oportunidades para todas las ideas son las mismas, idénticas, porque hay libertad política de todos.

 

 

La  distinción  de  la  democracia,  entendida  únicamente  como sistema reglado y normativo para constituir el poder, es algo que, en la historia, ya se encuentra expresado con anterioridad. Han sido varios los grandes pensadores, aunque con un análisis insuficiente y el desconocimiento del fundamento de la libertad política colectiva, los que iniciaron la distinción entre la democracia formal, y la democracia social. Filósofos como el profesor abulense de Harvard, Jorge Santayana o Norberto

 

Bobbio, jurista y filósofo italiano. Este último, sin embargo, a pesar de sus acertadas consideraciones jurídicas, finalmente apoyó la dictadura fascista en Italia.

 

 

Puesto que la democracia, según su consideración formal, tal y como se expone en la obra “Teoría Pura de la Democracia” de Antonio García-Trevijano, únicamente existe cuando hay representación política, vamos a ver ahora en qué consiste la representación, según su origen jurídico y político.

 

 

 

En  el  siglo  XIV, el filósofo, pensador y teólogo Marsilio de Padua, autor de la importante obra “Defensor pacis”, incorpora el concepto de la representación, como función jurídica, al Derecho romano que tradicionalmente desconocía este principio. Aplicado en su origen a las congregaciones eclesiales, permite obrar, mediante un poder  dado,  a  los  que  no  están  presentes,  es  decir,  estando  ausentes,  ante terceros.

 

 

Piense ahora en un poder notarial; mediante este documento se apodera a una persona para actuar en una cuestión concreta, ante un tercero en donde el poderdante,  el  que  apodera,  estará  ausente.  Esto mismo, que forma parte del mundo jurídico, opera igual en el mundo político: unos electores apoderan a un representante, para que actúe en su nombre en un lugar, la cámara legislativa, donde ellos no estarán presentes. Un ejemplo conocido de representación es el de un procurador de los Tribunales, que permite, en el ámbito jurídico, que un encausado se haga presente ante un tribunal, estando físicamente ausente. En el mundo político, cuyos principios provienen del Derecho, funciona exactamente igual.

 

 

El descubrimiento, para fundar la ciencia política, que hace el jurista y pensador Antonio García-Trevijano, es el de la unidad mínima de poder; algo que él mismo denomina “mónada electoral”. Se traduce, en la práctica, como el pequeño distrito donde sus habitantes eligen a su representante, de entre sus convecinos. Esta relación contractual entre el representante elegido y las personas representadas de ese distrito, la mantiene la fuerza, coactiva e imperativa, de la mayoría absoluta que lo elige.

 

 

Si tomamos una pequeña comunidad vecinal de aproximadamente 100.000 habitantes, podremos comprender fácilmente que en ella podrán existir diversos candidatos en competencia. Cada uno de esos candidatos precisará únicamente de un aval de mil firmas para poder presentarse y ser elegible. Y una vez presentadas esas candidaturas y durante un breve período electoral, cada uno de ellos podrá exponer públicamente sus propuestas, ofrecidas gratuitamente a través de los medios de comunicación locales y los diversos espacios públicos con los que se cuente.

 

 

Después,   los   habitantes   de   ese   distrito   vecinal,   votarán   en   unas   urnas, introduciendo el nombre y los dos apellidos, por el candidato de su preferencia. Si en  una  primera  votación  ninguno  de  ellos  alcanzase  la  mayoría  absoluta,  se realizará una segunda vuelta, entre los dos más votados, para que, finalmente, uno de ellos sea el elegido para representar a todo el distrito en la cámara Nacional. Observe que estos votantes no están votando a un partido político o una lista, estarán eligiendo a una persona individual.

 

 

Este representante electo se convierte así en el Diputado que tomará parte en la acción legislativa de un Parlamento, donde se discutirán y aprobarán las leyes que alcancen el apoyo mayoritario. Puesto que cada diputado se debe únicamente a los representados de su distrito, y no a un jefe de partido o jerarquía superior, será difícil aprobar cualquier ley; y eso será muy bueno, puesto que únicamente aquellas que respondan a un interés mayoritario, adquirirán la fuerza suficiente como para ser promulgadas.

 

 

Es importante saber que la política, si se considera científicamente, es únicamente la observación de la lucha por el poder. Es decir, una relación, no económica, sino exclusivamente de la fuerza. Y es esa fuerza la que mantiene a cada uno de los distintos representantes. Cada distrito financia y mantiene a su representante y su oficina, para evitar que sirva u obedezca a intereses ajenos a los de quienes le pagan y mantienen. De este modo, cada uno de los Diputados, dispondrá de un Despacho en su distrito, donde semanalmente atenderá las peticiones, quejas o demandas que cualquier vecino quiera exponerle. No es un diputado de partido estatal, sino un representante de una pequeña comunidad vecinal.

 

 

Para que, además de la representación política, que hoy no existe en España y que acabamos de explicar, haya también un control del poder; para evitar que se pueda convertir en algo tiránico y arbitrario, en contra de la propia sociedad gobernada, debe existir además, una radical separación, en su origen, entre los poderes. Esto se consigue mediante una elección separada, en elecciones distintas: unas para el poder legislativo, que corresponde a la nación a través de los representantes de los distritos, y otras para el poder ejecutivo del gobierno, que corresponde al Estado. Finalmente,  para  que  haya,  además  de  separación  de poderes, independencia judicial, otras en las que únicamente participa el mundo jurídico; servirán para elegir el gobierno de los jueces.

 

 

Para elegir al Presidente del Gobierno, que será quién tenga bajo su mando a todas las fuerzas armadas y de orden público, así como todo el aparato de la administración del Estado, se procede exactamente del mismo modo que para elegir a cualquier Diputado. Con la única diferencia de que se hará en un distrito nacional

 

único, y en el que, por mayoría absoluta y a doble vuelta si fuese necesario, será determinado.

 

 

La figura de este Presidente, no será sin embargo la de un representante. No puede representar al Estado en el interior de España, donde está siempre presente, sino que  verá  limitada  su  representación  hacia  el  exterior  de nuestras fronteras. El gobierno, al ser del Estado, y    no de la nación cómo se suele decir equivocadamente, ejerce su representación en la acción política exterior. Siendo la personificación jurídica de la nación española, su acción internacional requiere de esa figura de dirección, encarnada por el cargo del Presidente.

 

 

Finalmente, y para completar la exposición de lo que es la democracia como reglas constitutivas de un sistema político, cabe destacar también, otra de las grandes aportaciones para la ciencia política, creada por el jurista Antonio García-Trevijano, y que hace desaparecer, por obsoleto, el concepto de soberanía.

 

 

Si tras la desaparición de la figura del monarca absoluto en la historia, ya ha sido imposible de comprender la idea de la soberanía, es en la publicación de la obra Teoría Pura de la República, donde definitivamente se destierra toda confusión a través de su eliminación. La fórmula es tan elegante y simple, como bella por su sencillez: basta que cualquiera de los dos poderes políticos quiera disolver al otro, para que lo haga. A condición, únicamente, de que al hacerlo, se disuelva también él mismo.

 

 

Veámoslo con un ejemplo fácil. Supongamos a un presidente del Gobierno que ve imposible su acción, por tener una amplia mayoría de la Asamblea legislativa en contra. Pues según el principio expuesto antes, bastará con que quiera disolver las Cortes para que lo haga inmediatamente; a condición de que al hacerlo, él mismo dimita y así se convoquen nuevas elecciones legislativas y también ejecutivas, que diriman el conflicto.

 

 

¿Y qué sucede si es al contrario, si una mayoría de diputados quiere destituir al Presidente por cualquier motivo? Pues exactamente lo mismo: podrán hacerlo en cualquier  momento,  siempre  que  después  sean  convocadas nuevas elecciones legislativas y presidenciales.

 

 

Para finalizar este capítulo, cuyo desarrollo se encuentra mucho más detallado y pormenorizado en la obra Teoría Pura de la República, vamos a recapitular, para ver con sencillez lo que es la democracia, y cómo reconocer cuando está presente o ausente como sistema político:

 

–     Debe existir representación del elector. Es decir, la elección libre, uninominal y directa de cada uno de los representantes, en pequeños distritos, cuyo mandato es imperativo y revocable por los propios electores.

–     Debe existir un control y limitación al poder, a través de su separación radical en origen: unas elecciones para un cuerpo legislativo y otras distintas, donde entre todos los electores se elige, por mayoría absoluta, a la persona que ocupará el cargo de Presidente del Gobierno del Estado.

–     Debe haber también independencia judicial, para que esa facultad de juzgar, propia de los jueces y los magistrados, se vea libre de injerencias de los dos poderes políticos. Esto es posible mediante la eliminación del Ministerio de Justicia,  con  un órgano de gobierno independiente en su presupuesto, y contando con una policía judicial propia y subordinada únicamente a ese cuerpo jurisdiccional. El Presidente de ese órgano de la Justicia, con unidad jurisdiccional, es elegido por todos los que lo integran, es decir, abogados, procuradores, jueces, magistrados, secretarios judiciales, catedráticos de Derecho, etc.

 

 

 

RUPTURA DEMOCRÁTICA. LA ABSTENCIÓN

 

 

Una vez se ha comprendido y comprobado que la forma de gobierno existente en España no es la democracia, porque no cumple ninguno de los requisitos formales para recibir esa denominación, lo más lógico debe ser buscar el modo y la forma de que la haya, de conquistar la libertad política que actualmente no hay.

 

 

La confusión entre la libertad política y los derechos que sean o no concedidos, la confusión entre los derechos y la libertad, que es el motor que los alimenta, y del Derecho y la ley, es lo que causa la ceguera de los votantes, que terminan indignandose contra la propia causa que apoyan en las urnas. El votante, cegado, es como el enterrado vivo de cúbito prono, que pretende escapar escarbando.

 

 

Apoyar  lo  que  ahora  existe,  una  oligarquía  de  Partidos  estatales,  implica  la oposición a que pueda haber algún día Democracia. Por lo tanto, todas las personas que acuden a votar a Partidos, que no eligen absolutamente nada porque se limitan a ratificar lo elegido por otros, lo hacen para apoyar lo que ya hay y que no es ni remotamente similar a una democracia. Se vota a quienes ya ocupan el poder en las instituciones, a quienes ya tienen el poder por formar parte de unos partidos que son del Estado. El que vota, lo hace exclusivamente en favor de lo que ya está establecido. Algo que es radicalmente opuesto a la libertad política de todos los españoles.  Votan  hoy,  lo  mismo  que  se  votaba durante la dictadura militar de Franco, para legitimar lo que hay. Votan para que no haya democracia.

 

Puesto que, como es sabido, y lo demuestran diversos estudios académicos, la mayor causa de corrupción moral y económica, es la no separación de los poderes, es  un  hecho  probado  que, en un Estado de Partidos, el consenso político, se sostiene únicamente gracias a ella. Susan Rose-Ackerman, profesora de la Universidad de Yale, demostró en 1996, fehacientemente y de forma científica, este aspecto.

 

 

La corrupción caracteriza y define a la forma política de un Estado de Partidos. Por eso, votar en un Estado de Partidos, a cualquier partido político, es legitimar y apoyar la corrupción de todo lo público. Esto hace que todo votante actual, aunque ni siquiera sea plenamente consciente de ello, esté apoyando la corrupción. Y, consecuentemente, y se aleguen los pretextos que se quieran alegar, cuanto peor sea la situación política o más grande el peligro, menos aún hay que votar. Objetivamente, y sea cual sea el interés particular de cualquier individuo en España, cuanto más se vote, será todavía peor. Votar implica la corrupción voluntaria de uno mismo,  es  un  impulso  y  una  compulsión  completamente  suicida,  una voluntad expresa de fracasar.

 

 

Hay que observar por esto que, en una situación de decadencia y degeneración como la presente, el poder recurrirá a los sentimientos más primarios y basales, como el del nacionalismo, la unidad territorial de la patria, para movilizar al voto por miedo. Y del mismo modo, otras amenazas sociales, como las del paro o la inmigración, que siempre sirven al populismo y a la demagogia, servirán igualmente para infundir temor, y hacer creer así a los gobernados, a los súbditos españoles, que votar, aún sin libertad y sin democracia, es la solución. La realidad es que toda la corrupción que hay, sería imposible si hubiese democracia.

 

 

Por estos motivos, y sabiendo entonces que la alternativa a lo que hay ahora en España,  no  es  el  comunismo  o  el  fascismo,  tampoco  el  nacionalismo  o  el socialismo, sino la democracia, es por lo que la abstención debe promoverse activamente y sin cesar.

 

 

La abstención es la actuación, consciente y en conciencia, de cualquier persona que ya no se indigna, sino que comprende las causas políticas de lo que observa, y por eso se moviliza contra ellas. Actuar para resolver el problema causado por la falta de libertad. No votar hoy para hacerlo en el futuro, cuando la forma de gobierno sea la democracia representativa.

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA PARA LA ACCIÓN CONSTITUYENTE

 

Desde la Revolución francesa, y una vez descubierto por los pueblos que el poder estatal es una concreción del espacio hurtado a la libertad, no puede haber filosofía más auténtica que la de la acción constituyente de la libertad política colectiva. No hay filosofía de la acción en lo constituido, lo utópico o lo meramente ideal.

 

 

Para la filosofía de la acción constituyente, la del hombre de acción y no un simple activista, las ideas no proceden de las ideas, sino de la experiencia fáctica, de los hechos. Por eso, en la acción encaminada a la libertad constituyente no se debe cometer el error de la filosofía de los ideales o de las idealidades, sino procurar su éxito en la elaboración de unas reglas políticas realistas que permitan y garanticen la libertad de todos. Desear una bondad angelical de todos, no es filosofía de la acción   constituyente,   sino   utópica   ingenuidad   que   desconoce   la   verdadera naturaleza de los hombres.

 

 

Concebir la democracia como lo que únicamente es, una forma política, un conjunto de reglas que permiten la lucha por el poder, lleva a eliminar todo el contenido material o social, que forma parte de la acción ideológica que crea las leyes.

 

 

Una Constitución no son leyes, no prefigura un modelo social o de sociedad, sino únicamente unas reglas que permiten la representación política, que garantizan los derechos fundamentales y establecen la separación de los poderes para su control. Para que después de ella pueda existir la verdadera política, y sea la libertad de todos la que permita compensar los problemas sociales causados por la diferencia y la desigualdad.

 

 

La democracia por sí misma no resuelve ningún pleito, problema o conflicto, sino que lo que hace es garantizar la libertad para encontrar las soluciones. No es la igualdad lo que sostiene la democracia, porque la igualdad material no existe en la naturaleza. La igualdad no es alcanzable en la realidad, pero sí la libertad. La igualdad en la libertad de cada uno, que es algo realizable, alcanzable y por lo tanto, posible.

 

 

Por eso, la filosofía para la acción constituyente debe de ser realista en su concepción de la naturaleza humana, y dirigida a la consecución de unas instituciones inteligentes, que con sabiduría enfrenten unas ambiciones a otras. Si la acción constituyente se pierde por los vericuetos del idealismo, de la justicia social, los del bien común o los de la utopía de la igualdad, entonces perderá de vista su objetivo, el de garantizar la libertad, y fracasará irremediablemente, como tantas revoluciones políticas ya lo hicieron antes. Por eso se debe desterrar la ambición de la soberanía, concepto necesariamente opuesto a la propia libertad, para que sea la libertad, y no la soberanía, la que constituya un sistema político.

 

La filosofía de la acción constituyente es la filosofía realista de los hechos. La que tiene en cuenta que, únicamente la libertad de todos, la libertad política colectiva, es creadora de una Constitución. Por eso, comprender lo explicado en este documental de  forma  resumida, implica necesariamente la práctica de la abstención activa. Implica  la  oposición  radical  a  cualquier  régimen  político  que  impida  la libertad fundadora del Derecho y las Constituciones, y la práctica filosófica de una acción de ruptura democrática. No se puede encontrar la libertad de todos sin procurarla, participando en apoyo de un régimen diseñado específicamente para impedirla.

 

 

La  abstención  es  el  primer  paso  necesario,  pero  por sí solo insuficiente, para derribar a regímenes políticos que buscan su legitimidad, a través de un engaño permanente, en las urnas. Por eso, únicamente en los sistemas políticos verdaderamente fundados por la libertad colectiva, como el de EE.UU, la abstención no tiene ya ningún efecto.

 

 

 

 

 

 

 

EPÍLOGO

 

 

Este  documental no es más que un nuevo intento, que espero sea imitado e incluso mejorado en el futuro, en el propósito de divulgar y dar a conocer unas ideas, un pensamiento novedoso en la ciencia política, que anteceda a una revolución de la libertad política colectiva.

 

 

Si bien es ya incuestionable que el actual régimen de poder establecido en España, ha realizado todos los esfuerzos posibles para mantener a la opinión pública en la ignorancia, no lo es menos que finalmente terminará por imponerse la fuerza de la verdad, para derrumbar la muralla de la Gran Mentira denunciada aquí. Apartada la indignación del camino, y con ella la pueril adolescencia, la filosofía de la acción constituyente, la de la libertad colectiva como propósito común, disolverá por improcedentes a todas las ofertas de bienestar, para situar lo realizable, la libertad, en el centro del empuje revolucionario.

 

 

En el camino abierto por la Teoría de la República Constitucional, serán muchos los errores que se cometerán, especialmente en una sociedad desprovista de su nobleza, de los valores transmitidos desde el pasado en la forma de sensatez cristalizada por las costumbres, donde no hay respeto al honor y dónde la enfermedad de la igualdad material ha  contaminado  a  todos  los espíritus. Sin embargo, es probable que sea esa misma ambición  de verdadera libertad, que esta película pretende provocar, la que facilite el restablecimiento de esas virtudes públicas aparentemente perdidas. Y lo hará, no por unas pretensiones románticas, no por unas esperanzas ilusas que podrían motivar a los mas reaccionarios, sino por la necesidad que suponen para la supervivencia. En este camino, que únicamente serán capaces de transitar aquellos que anden bien encaminados, no

 

habrá otro juez que el de la verdad de los hechos, y por lo tanto, una desacostumbrada impiedad que forzará a la madurez de una sociedad civil de adolescentes.

 

 

La  organización cívica y civil espontánea, que deberá producirse y que este modesto documental  tuvo  como  propósito  favorecer  y  provocar,  es el inicio de ese acontecer, rupturista y radical, afín a la crisis, enfrentado al Estado, y conformado únicamente por la búsqueda de la libertad constituyente.

 

 

Una vez se ha comprendido que el acto de acudir a las votaciones de partidos supone la renuncia  expresa  a  realizar una oposición al régimen establecido, será únicamente el pragmatismo,  desprovisto  de  todo  interés  populista,  lo  que  haga  avanzar a cualquier oposición política civil. Una oposición civil que tiene que formarse fuera de los circuitos virtuales de los medios telemáticos, que las nuevas tecnologías ofrecen, y que deberá buscar su lugar en las agrupaciones vecinales y locales, donde el contacto humano y de convivencia, será quién dicte el rumbo a seguir.

 

 

ABSTENCIÓN ACTIVA, HASTA QUE HAYA LIBERTAD POLÍTICA COLECTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

ATANASIO NORIEGA

 

 

Este trabajo está protegido bajo licencia

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