El juzgado rechaza suspender cautelarmente el uso de las playas caninas de Torrevieja este verano

 

fotonoticia_20180820152846_800ALICANTE, Un juzgado ha desestimado la medida cautelar solicitada por una comunidad de vecinos de la Cala del Moro de Torrevieja (Alicante) para que se suspenda este verano el uso de las playas caninas de la localidad, según ha informado este lunes la alcaldesa accidental, Fanny Serrano.

La comunidad de vecinos pidió la medida cautelar dentro del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad de vecinos contra el decreto de junio de este año del alcalde, que declaró como playas caninas dos zonas, Punta Margallo y Cala del Mal Paso, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El juzgado de Elche rechaza la medida cautelar al considerar que no hay un perjuicio “irreparable” para la comunidad de vecinos demandante porque la playa canina es “temporal y provisional, solo para este año”.

Serrano ha explicado la cronología de los hechos después de que el passado 25 de junio el alcalde, José Manuel Dolón, promulgara un decreto por el que se declaraban como playas caninas ambas dos zonas, de acuerdo con los requisitos del artículo 36.3 de la Ordenanza de Playas.

El decreto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 9 de julio de 2018 y contra esa norma interpuso un recurso contencioso administrativo una comunidad de propietarios de la zona de la Cala del Moro (Mancomunidad de propietarios Cala del Moro bloques).

En su recurso, los vecinos solicitaban del juzgado que acordara, sin escuchar los argumentos del Ayuntamiento de Torrevieja, la suspensión del uso de la playa canina, según su propia argumentación “para impedir que dicha declaración afecte a todo el verano, agosto fundamentalmente, y así que, los principales usuarios de la cala por cercanía, que son los ocupantes de las viviendas adyacentes, que vienen única o principalmente en temporada estival, queden privados de seguir utilizando dicha playa en el modo en que hasta ahora venían haciéndolo”.

El juzgado, en un auto de fecha 30 de julio, de 2018 inadmitió la tramitación como medida cautelarísima al no estimar la urgencia y acordó la tramitación del incidente como medida cautelar normal.

Por ese motivo, dio traslado al Ayuntamiento por cinco días para que presentara alegaciones y habilitó extraordinariamente el mes de agosto para la realización de los trámites procesales. El consistorio presentó sus alegaciones el 3 de agosto y el pasado día 7, el juzgado desestimó la medida cautelar por entender “que no hay un perjuicio irreparable para la comunidad de vecinos porque la playa canina es temporal y provisional, solo para este año”.

Además, considera que los supuestos perjuicios irreparables alegados por la actora no se han acreditado. Igualmente, según el consistorio, detalla que “existe un interés general que es el que ha llevado al Ayuntamiento a la promulgación del decreto, para satisfacer una demanda de gran parte de los ciudadanos del municipio”. Y por lo tanto, “en la necesaria ponderación entre interés general y particular, prevalece el primero”.

La alcaldesa ha citado uno de los párrafos del auto- que ve como “bastante clarificador”- respecto a lo que los vecinos consideran perjuicios irreparables porque “los canes correrán libres por los caminos e incluso podrían acceder a las propiedades de los vecinos, así como el nutrido grupo de población que tiene temor a los perros”.

Ante estas alegaciones, el juez responde que “además de no acreditarse de modo alguno, parece que lo que se ha habilitado es una zona para esparcimiento de manadas de animales salvajes en vez de una playa canina regulada mediante la normativa correspondiente” e igualmente recuerda que el propio decreto establece una serie de normas para evitar que los perros “creen molestias a los demás bañistas y remite a la Ordenanza Reguladora del Uso, Seguridad y Conservación de las Playas”.

Por último, la alcaldesa accidental ha agradecido la ejecución que ha llevado a cabo el concejal de Playas, Javier Manzanares, del acuerdo que se ha adoptado “en pro del beneficio general del municipio y que es de carácter provisional hasta que se produzca la definitiva con la máxima participación de los ciudadanos de Torrevieja”.

En septiembre se retomará el curso del procedimiento judicial con la presentación, en su caso, de la demanda y se entraría en el curso de la tramitación principal de esta cuestión.

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