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La Diputación invertirá tres millones más en la provincia con el ahorro de aplicar los criterios de eficiencia de Moliner

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  • La solvencia de la institución le permite reducir su deuda a la mitad y pagar a los proveedores en un tiempo récord de 3,45 días
  • El Pleno aprueba solicitar a Fiscalía que revise la cláusula abusiva que el Gobierno aprobó en 2006 por el Proyecto Castor
  • Barrachina: “El Supremo nos condena a todos los ciudadanos a desperdiciar 1.300 millones por los errores del Gobierno del PSOE” 

 La Diputación de Castellón invertirá tres millones de euros más en la provincia el próximo año fruto del ahorro generado tras aplicar los criterios de eficiencia fijados por el presidente, Javier Moliner. Así se desprende de varios informes técnicos de los que se ha dado cuenta hoy en el Pleno de la institución provincial, como son el Informe de Morosidad de Tesorería del tercer trimestre de 2014 que apunta a una reducción de la deuda en 50 millones de euros (con un ahorro de 800.000 euros anuales en intereses), y el periodo medio de pago del mes de septiembre que deja la cifra récord de 3,45 días.

Es precisamente esa situación de solvencia la que ha favorecido que el Pleno haya aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno la ampliación a 120 mensualidades del periodo de reintegro de la deuda con el Estado, para así disponer de 2,2 millones de euros anuales más para los pueblos.

El vicepresidente de Economía, Miguel Barrachina, ha explicado que “el haber presentado todas las cuentas de 2013 en tiempo y forma, pagar en menos de 30 días y dada la estabilidad presupuestaria con la que vamos a cerrar el actual ejercicio, cumplimos todos los requisitos para acogernos a esta nueva fórmula del Estado que beneficiará a la provincia en términos prácticos con que la Diputación contará con 2.270.000 euros más de ingresos para invertir en los pueblos. Eso, unido a los 800.000 euros que nos ahorramos en intereses por haber reducido tanto la deuda, suman más de tres millones de euros que invertiremos en lo que realmente importa: solucionar los problemas de los pueblos y sus ciudadanos, mejorar los servicios y responder antes y mejor a las demandas de los alcaldes de la provincia”.

 

Cabe señalar que estos excelentes indicadores económicos van acompañados de otros beneficios como que la institución pague cero intereses de demora, o que tenga previsto reducir la deuda al 40% de su presupuesto (cuando la Ley permite el 110%).

 

Claúsula abusiva del Castor

La Corporación Provincial, con el único voto a favor del Grupo Popular, ha aprobado solicitar a la Fiscalía que revise la cláusula abusiva que el Gobierno, entonces gobernado por el Partido Socialista, aprobó en la Orden ITC/3995/2006 por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica, y por si hubiera acciones que ejercitar ante los responsables públicos en la tramitación y autorizaciones de los diferentes ministerios, que dieron como consecuencia la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar a ESCAL.

Barrachina ha señalado que “el Supremo nos condena a todos los ciudadanos a desperdiciar 1.300 millones de euros por los errores del Gobierno del PSOE. La Plataforma Castor es un monumento a la torpeza socialista. Pedimos que se lleven a cabo todas las actuaciones contra las empresas a las que el PSOE dio a dedo, porque no hubo concurso, las adjudicaciones, y lo hizo sin incluir en la Declaración de Impacto Ambiental estudios sísmicos y atando bien atada una cláusula completamente abusiva a pagar sí o sí, entrara o no en funcionamiento la plataforma, por todos los ciudadanos españoles. El Gobierno de Rajoy, nada más tomar posesión en 2012 intentó echar para atrás esa cláusula por considerarla abusiva, y así lo certifican los diversos acuerdos tomados en Consejos de Ministros como indica el BOE, un año antes de que se produjeran los terremotos en la zona”.

De ese modo, la institución solicita al Gobierno que estudie iniciar las actuaciones judiciales correspondientes para exigir las responsabilidads que puedan drivarse de la actuación del concesionario y sus accionistas, en la construcción del almacén Castor.

Además, solicita al Gobierno que en ulteriores decisiones sobre la planta que pudieran conducir al desmantelamiento, sean tenidas en cuenta las opiniones de los sectores afectados y evaluados los costes adicionales que sobre el recibo del gas pudieran tener. Asimismo, agradece al Gobierno que haya aprobado la paralización del almacén Castor.

Cabe señalar que la sesión plenaria de hoy ha dado cuenta de la delegación de las facultades de dirección, impulsión e inspección de los servicios provinciales de Patrimonio, Gestión Tributaria y Recaudación al diputado Rafael Albert.

 

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