La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que entregue, en un plazo de tres días, la copia completa de las grabaciones de las cámaras de los pasillos del edificio del Cecopi. Estas imágenes deben mostrar las entradas y salidas de la sala donde se reunió el organismo el 29 de octubre de 2024, desde las 15:00 hasta las 23:59 horas, tanto por la puerta delantera como por la trasera.
Además, la magistrada ha ordenado que Les Corts remitan, a la mayor brevedad posible, las respuestas del coordinador de prevención de Emergencias a preguntas parlamentarias sobre la conservación de imágenes de la llegada de autoridades al Cecopi el mismo día.
Según un auto emitido el miércoles, la jueza justifica su decisión en la importancia de determinar quiénes se encontraban en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana y quienes formaron el Cecopi, señalando que la conformación del grupo no fue simultánea, sino que se fue completando gradualmente a lo largo del día 29 de octubre de 2024.
La jueza considera importante incorporar estas grabaciones al caso, ya que su conservación podría ser relevante debido a la gravedad del suceso y su posible impacto en procedimientos penales futuros, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La investigación de las 230 muertes y de las lesiones sufridas “justifica plenamente” esta medida, enfatiza la jueza. Señala que los implicados eran conscientes de que podrían ser grabados dentro del Centro de Coordinación de Emergencias, ya que es un edificio público donde las personas presentes eran autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus funciones, sin que esto represente una invasión de su intimidad.
No obstante, la jueza ha negado la solicitud de identificar a los participantes de la reunión, ya que el testigo en cuestión manifestó su incapacidad para identificar a cada persona presente en la sala roja. La investigación ya ha identificado a muchos de los asistentes al Cecopi y ha tomado declaraciones a gran parte de ellos.
Respecto a la sala gris, la jueza ha mencionado que un informe previo de la Guardia Civil ya evaluó su estructura y distribución, por lo que no requiere más pruebas al respecto. Asimismo, considera irrelevante para la investigación determinar el momento exacto en que se movilizó el camión que contiene el Puesto de Mando Avanzado, ya que desde esa posición no pudieron implementarse medidas de autoprotección antes de los desbordamientos, lo cual situaría la atención en un periodo posterior a las negligencias investigadas.
En cuanto a la Embajada de Japón, la jueza ha desestimado una petición para solicitar traducciones de correos consulares enviados a sus ciudadanos en España el 28 y 30 de octubre de 2024. Señala que, como institución diplomática, la embajada adoptó medidas de protección para sus nacionales. La jueza recalca que la DANA no fue un fenómeno imprevisto y que la Universitat de Valencia, así como otros organismos públicos, tomaron precauciones, como la suspensión de clases. Esta respuesta debería haber servido de alerta sobre la gravedad de la situación y la necesidad de medidas preventivas.
