David Benjamín Ruiz Hall
Consultor enGB Consultores Financieros y Tributarios
El silencio muchas veces es la mejor arma para acallar y poder dar tiempo a las aguas a volver a su cauce, sin embargo, los sollozos y el griterío, entre acusaciones y presunciones veladas, agota, confunde y daña al ciudadano y al empresario, sumiéndole en un descontento aún mayor a aquél que per se, la situación económica le genera.
Mientras en otro foro discuten y generan algarabía entre opulentas palabras, la realidad es que a febrero de 2013, nuestros empresarios, fiscalmente, siguen estando iguales que hace un año, nuestros conciudadanos, al igual que nosotros mismos, somos partícipes de una mayor brecha fiscal y el crédito, sigue sin estar al alcance de nadie.
Nuestros empresarios, fiscalmente, siguen estando iguales que hace un año.
Cuando desde el ejecutivo se hacía promesa bastante en campaña de la reducción del efecto del IVA repercutido en relación con el impago de facturas hace un año, uno pensaba en la forma funcional de dicho evento, pues imagínese el lector, que en el caso del empresario, deberá demostrar el impago de una factura para poder evitar su imposición o tributación, filosóficamente, estaríamos cercanos a la doble negación, ergo, cercanos a un imposible.
Pero pensemos en procedimientos tan cercanos como una declaración jurada, o la interposición de un proceso jurisdiccional como medios ad hoc para solucionar dichas limitaciones, pensemos pues en que estas vías, como otras tantas, pueden ser suficientes y garantes en el tráfico para poder reducir la necesidad financiera del empresario.
Y he aquí el otro santo grial, la financiación, la generación de suficiente capacidad devolutiva en el corto y medio plazo (solvencia y liquidez) con el fin de poder afrontar la ralentización de pagos.
Si bien atendemos a la DT.3ª de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el período medio de pago debería ser de 60 días entre operadores comerciales, pero aquél libre de pegado, que tire la primera piedra. Dicho plazo, sigue siendo una nueva quimera, una imposibilidad renovada por el hecho de la continua carencia de capacidad financiera de entrega de crédito y por la necesidad de amortización bancaria de los bancos, que no acaba y no acaba y no acaba de delimitar la realidad del problema bancario, más aún, cuando la Auditoria internacional Deloitte, a través de su socio ejerciente, D. Francisco Celma[1], es llamado a declarar para arrojar luz sobre el fiasco Bankia.
Resulta evidente pues que la demora de aplicación de políticas necesarias para aliviar la tributación del empresario están limitando la reducida capacidad de crecimiento de las escasas empresas, que aún con lupa, están mejorando, de igual forma, el aumento de la tributación individual, (aumento temporal no permanente, según el ejecutivo)[2], ha reducido la demanda y el autoconsumo, con lo que el efecto pinza sobre la demanda ha sido aún mayor.
Pero además, la circunstancia actual debe pasar por tribunales y por evaluaciones externas, se dirimen mientras hablamos los recursos de inconstitucionalidad números 301, 370, 382, 414, 419 y 433 sobre políticas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones entre otras, y seguimos con el hecho de que las previsiones económicas, publicadas por la Comisión Europea a través de su vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn anticipan un déficit del 6,7% este año (2013), frente al cierre de 2012 que presentó el presidente del ejecutivo del Gobierno, donde la evaluaba por debajo del 7% y que la propia comisión calcula que realmente ha sido del 10,2%
Esto no debe llevar al ciudadano a la crisis moral y a la desconfianza de las instituciones, lo que sí debe hacer reflexionar es sobre el sistema tributario nacional y su ajuste a las necesidades de crecimiento, donde resulta que nuestro sistema, cual enorme conglomerado de más de 122 mil millones de euros en 2012, sigue teniendo unos pies de barro, sigue teniendo unas bases que no ayudan al crecimiento, sigue teniendo una implementación que no acaba de ajustarse a las necesidades de mercado y además, sigue teniendo unos datos agregados a día de hoy, controvertidos por análisis externos.
Es en conclusión un sistema y una realidad, que esperemos, no se derrumbe y caiga su peso sobre los contribuyentes y los empresarios, tan necesarios para la recuperación económica, vía consumo y generación de empleo, vía demanda y creación de riqueza, y pese a ello, tan maltratados por ese gigante con pies de barro.
[1] ROAC S0692, DELOITTE, S.L., miembro de Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
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