La caza furtiva de aves sigue dejando víctimas

A lo largo del año, decenas de aves llegan al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Guipúzcoa heridas por armas de fuego, una prueba de que todavía existen actividades ilegales que atentan contra la conservación de la biodiversidad. Los datos aportados por este centro han permitido identificar cuáles son las especies más perjudicadas y la relación entre la distribución de los espacios de caza y los lugares donde se encontró a las aves afectadas.

Investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (Guipúzcoa) han examinado los datos entre los años 2006 y 2013 para saber qué tipo de especies llegaban al centro, dónde se encontraron y el motivo de su ingreso.

Juan Arizaga, coautor del estudio, explica a Sinc que han utilizado un método estadístico para determinar si las distancias entre las aves tiroteadas hasta el puesto de caza fijo más próximo era menor que la de aquellas aves que ingresaron por otras causas, como colisiones.

“Efectivamente, los resultados demuestran que esta distancia es menor, lo que quiere decir que la distribución espacial de las aves tiroteadas no es al azar, sino que tiende a concentrarse en torno a puestos fijos de caza”, indica Arizaga.

Durante el periodo de siete años que analizaron los investigadores habían ingresado en el centro 2.593 aves. Los datos revelaron que en Guipúzcoa habían sido disparadas 411 aves, es decir, el 15,85% del total, y que había 53 especies diferentes heridas por armas de fuego, de las cuales solo 13 podían ser cazadas legalmente.

De las aves tiroteadas, 326 pertenecían a especies que no se pueden cazar. De las 85 restantes, 10 fueron capturadas fuera de la época de caza.

Entre los ejemplares destacan los que pertenecen al grupo de los falconiformes (como los halcones), que suponen el 48,7% de las aves que ingresan en el centro por este motivo.

Además, los registros demuestran que las dos especies de aves más afectadas por esta acción ilegal fueron el ratonero común (Buteo buteo) y el gavilán común (Accipiter nisus).

Una zona de paso migratorio clave

La caza furtiva causa la muerte de millones de aves al año en Europa, entre las que se encuentran especies protegidas de rapaces, urogallos, aves marinas o muchas del orden de las paseriformes, según refleja el estudio.

Esta actividad humana es también uno de los grandes obstáculos para la conservación de especies migratorias, especialmente en regiones del sur de Europa y el norte de África. Portugal, Francia, España e Italia presentan más casos de caza ilegal que los países europeos del norte, aunque el problema también exista allí.

Sobre la prevención del problema en España, Arizaga opina que “en la mayoría de las administraciones hay voluntad, pero faltan medios. En todo caso, a escala estatal se echa en falta una respuesta más contundente y valiente ante casos de esta naturaleza”.

Dentro de nuestras fronteras, País Vasco es una zona muy importante de tránsito en las rutas de migración del este del Atlántico, por lo que cualquier ataque a las especies que están de paso por nuestro país puede tener graves consecuencias.

De hecho, otro dato significativo proporcionado por el centro de recuperación es que hay una relación temporal entre el momento en que fueron disparadas las aves y los periodos de caza, que tienen lugar sobre todo entre octubre y enero. Teniendo en cuenta esto, la acción afectaría no solo a las aves en época de reproducción, sino también a aquellas que se encuentran en plena ruta migratoria.

Una protección necesaria

Según los autores, este estudio demuestra que son necesarias más medidas de protección, sobre todo en zonas como País Vasco que presentan una alta concentración de especies aviarias en épocas de migración, muchas de las cuales son vulnerables o se encuentran en peligro.

Los investigadores consideran que resultará fundamental mapear la distribución de la caza furtiva e identificar a las especies más afectadas para determinar la localización de los puntos de caza más críticos y, en consecuencia, establecer unas medidas de protección adecuadas.

“Debe existir un plan de acción rápido y eficaz para aplicar las leyes que prevén la sanción o imposición de penas a quienes cometen estos actos delictivos”, concluye Arizaga.