De nuevo se repite la tragedia. El pasado martes se quitó la vida otro guardia civil, y ayer hubo una nueva tentativa que afortunadamente no se consumó. Son ya cuatro los agentes del Cuerpo que se han suicidado en lo que va de 2018 y un promedio de uno cada 12,7 días. Se trata de un dato estremecedor, si lo comparamos con la ya de por sí gravísima frecuencia de los últimos años, con uno cada 26 días.
Estos datos vienen a confirmar el repunte del que AUGC denomina gran drama oculto en la Guardia Civil: su elevada tasa de suicidios, que duplica de largo a la media nacional. Se trata de una tendencia que se viene dando en los últimos años. Así, si en 2016 fueron nueve los casos, la cifra casi se duplicó al año siguiente, cuando 17 guardias civiles acabaron con su propia vida, lo que supuso un triste récord del último lustro. El comienzo de 2018, con cuatro suicidios y dos tentativas en poco más de mes y medio, nos hace temer lo peor.
AUGC lleva años denunciando inútilmente esta situación, hablando con los grupos parlamentarios para transmitirles la necesidad de abordar este problema a través de una comisión de estudio multidisciplinar y no sólo con los mecanismos internos de la Guardia Civil.
Buena muestra de la falta de interés con la que la Dirección General responde a nuestras reclamaciones es la propia denominación con la que ha designado al último grupo de trabajo en el que se ha abordado la prevención de estas situaciones, calificadas como “conductas anómalas”. Cualquier cosa con tal de no llamar a las cosas por su nombre y afrontar de verdad este enorme problema.
Es sabido que para AUGC una de las primeras medidas que deberían implantarse es la externalización del servicio psicológico a los guardias civiles, de manera que sean profesionales independientes los que los atiendan. Hay que recordar que en la actualidad este servicio es prestado por psicólogos que forman parte de la Guardia Civil, con lo cual el estrés laboral, continúa presente aún en estas consultas.
Con más de 31.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).