Lo que comenzó en Benicarló en 1997 con una denuncia por supuestos abusos a menores terminó convirtiéndose en una historia de acusaciones contra políticos, jueces, empresarios y funcionarios. La investigación judicial no acreditó la supuesta red criminal. Ahora, seis personas son juzgadas por difundir imputaciones falsas durante años.
Castellón, 16 de octubre de 2026. Casi tres décadas después de que comenzara el llamado caso Bar España, la historia regresa a los tribunales. Esta vez no se juzga la existencia de la supuesta organización de pederastia que durante años circuló por publicaciones, vídeos y páginas web, sino la presunta responsabilidad penal de quienes difundieron aquellas acusaciones.
La Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón ha celebrado este viernes la primera sesión del procedimiento contra seis personas. El juicio está previsto hasta el 26 de octubre, con la comparecencia de más de treinta testigos.
La Fiscalía solicita penas que alcanzan los siete años y medio de prisión por presuntos delitos contra la integridad moral y calumnias con publicidad, entre otras imputaciones recogidas en el procedimiento.
Todos los acusados conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Índice de contenidos
El caso Bar España en cifras
1997
Origen de las denuncias en Benicarló
29
Años transcurridos hasta el juicio de 2026
6
Personas acusadas en el procedimiento actual
7,5
Años de prisión solicitados como pena máxima por la Fiscalía
34
Testigos previstos en la vista oral, según el calendario difundido
6
Sesiones judiciales programadas entre el 16 y el 26 de octubre
Fuentes: Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, información sobre el calendario judicial y crónicas de la primera sesión del 16 de octubre de 2026. Las penas solicitadas no constituyen condenas.
Benicarló, 1997: el origen de una historia que acabaría desbordándose
Para comprender el caso hay que retroceder hasta 1997, cuando Reinaldo Colás, un peluquero residente en Benicarló, denunció que sus dos hijas habían sufrido abusos sexuales por parte de la nueva pareja de su exmujer.
Las niñas tenían entonces tres y cinco años. La denuncia fue investigada judicialmente, pero la magistrada encargada del procedimiento archivó las actuaciones al no apreciar delito.
Aquel archivo no puso fin al conflicto.
Colás comenzó a dirigir acusaciones contra personas que habían intervenido en el procedimiento. La magistrada que había archivado la denuncia pasó a convertirse en una de las principales señaladas.
Según las investigaciones judiciales y las posteriores informaciones sobre el caso, la historia fue ampliándose hasta presentar la existencia de una supuesta organización criminal formada por personas influyentes.
El establecimiento conocido como Bar España, situado en el entorno de la antigua carretera N-340 a su paso por Benicarló, terminó dando nombre a toda la historia.
De una denuncia familiar a una supuesta conspiración de grandes dimensiones
Las acusaciones fueron incorporando progresivamente a personas sin relación acreditada con los hechos iniciales.
En las versiones difundidas se señalaba a funcionarios, responsables de centros de menores, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y dirigentes políticos.
Con el paso del tiempo aparecieron relatos sobre supuestos rituales, asesinatos y organizaciones clandestinas.
Sin embargo, las investigaciones no encontraron pruebas que acreditaran la existencia de esa red.
Una distinción fundamental
La existencia de denuncias no demuestra la existencia de los delitos denunciados.
En el caso Bar España, la investigación judicial no acreditó la organización criminal descrita en las publicaciones conspirativas. Además, se documentaron retractaciones de menores y una condena por denuncia falsa relacionada con el origen de las acusaciones.
Los menores y las grabaciones que alimentaron la historia
Uno de los elementos más delicados fue la utilización de testimonios de menores.
Durante años circularon grabaciones en las que se relataban supuestos abusos. Estos materiales se presentaban como pruebas de una organización criminal.
Sin embargo, las investigaciones judiciales cuestionaron la fiabilidad de aquellos relatos.
El auto judicial de 2021 señaló la ausencia de contrastación de las acusaciones y la ocultación de retractaciones de menores.
Algunos de los jóvenes cuyos testimonios habían sido utilizados reconocieron posteriormente que los relatos difundidos no eran ciertos.
El caso plantea una cuestión especialmente grave: el daño que puede ocasionarse a menores cuando sus declaraciones son instrumentalizadas para sostener acusaciones públicas sin pruebas suficientes.
La condena de Reinaldo Colás
Reinaldo Colás fue condenado en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs por un delito de acusación y denuncia falsa.
Su fallecimiento en diciembre de 2017 no supuso la desaparición de la historia.
Las acusaciones habían adquirido vida propia mediante publicaciones digitales, grabaciones y comunidades que continuaban difundiendo el relato.
La investigación judicial posterior examinó la actuación de varias personas que habrían contribuido a mantener y ampliar esas imputaciones.
Cómo se propagó el caso durante casi tres décadas
Etapas de difusión
Primera etapa: denuncias y acusaciones personales
Segunda etapa: ampliación de las imputaciones
Tercera etapa: páginas web, vídeos y redes sociales
Cuarta etapa: procedimientos judiciales por la difusión
Esquema conceptual de las fases del caso. La longitud de las barras no representa mediciones de audiencia ni porcentajes estadísticos.
El crecimiento de Internet permitió que una historia inicialmente localizada en Benicarló alcanzara una audiencia mucho mayor.
Las publicaciones reproducían acusaciones anteriores, añadían nuevas personas y presentaban documentos o vídeos sin una verificación independiente suficiente.
La repetición del relato favoreció que algunos lectores confundieran la acumulación de publicaciones con la existencia de pruebas.
El caso demuestra cómo una acusación puede seguir circulando incluso después de que los procedimientos judiciales no hayan acreditado los hechos denunciados.
Políticos, jueces y funcionarios señalados
La difusión del relato terminó afectando a personas de diferentes ámbitos profesionales y tendencias políticas.
Entre los perjudicados citados en el procedimiento figuran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta Mónica Oltra y la exconsellera Gabriela Bravo.
La aparición de sus nombres en el procedimiento responde a su condición de personas señaladas por las acusaciones difundidas, no a que se haya demostrado participación alguna en la supuesta organización.
La investigación judicial tampoco acreditó las imputaciones dirigidas contra la magistrada que había archivado la denuncia original.
La resolución judicial de 2021
Uno de los hitos relevantes llegó en 2021, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón examinó la difusión de las acusaciones.
La resolución cuestionó que los autores de determinadas publicaciones hubieran realizado una comprobación efectiva de los hechos.
También señaló que se habían omitido datos relevantes, como las retractaciones de menores y las resoluciones judiciales contrarias a las acusaciones.
Este aspecto es fundamental: la investigación no se limitaba a valorar opiniones, sino la difusión de imputaciones concretas de delitos extremadamente graves contra personas identificables.
El juicio de octubre de 2026
La vista oral comenzó el viernes 16 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Castellón.
El procedimiento se dirige contra seis personas acusadas de participar en la difusión de las imputaciones.
También figura un editor de un medio digital como posible responsable civil.
La Fiscalía atribuye a los procesados presuntos delitos contra la integridad moral y calumnias con publicidad, entre otras conductas examinadas.
La acusación pública solicita penas que pueden alcanzar los siete años y medio de prisión.
Calendario previsto del juicio
| Fecha | Actuaciones previstas |
|---|---|
| 16 octubre | Inicio y cuestiones previas |
| 20 octubre | Declaraciones testificales |
| 21 octubre | Continuación de testigos |
| 22 octubre | Prueba pericial y otras declaraciones previstas |
| 23 octubre | Continuación de la vista |
| 26 octubre | Última sesión programada |
Calendario anunciado antes del juicio. Puede modificarse por decisión del tribunal.
Primera jornada: las defensas alegan prescripción y arrepentimiento
La sesión del 16 de octubre ha estado centrada en cuestiones previas.
Las defensas han solicitado que se declaren prescritos determinados delitos de injurias y calumnias y han cuestionado aspectos de la intervención de la Fiscalía.
Algunos abogados han manifestado ante el tribunal que sus representados se retractan de las acusaciones difundidas y están arrepentidos.
La Fiscalía ha mostrado escepticismo sobre el alcance de esas manifestaciones y ha señalado que determinadas publicaciones continúan accesibles en Internet.
El juez ha rechazado algunas peticiones de nulidad y ha anunciado que resolverá otras cuestiones en la sentencia.
Por tanto, al cierre de esta crónica no existe una sentencia del juicio iniciado en octubre de 2026.
Las peticiones de pena y la presunción de inocencia
Hasta 7 años y 6 meses
Petición de prisión de la Fiscalía para determinados acusados.
Esta cifra expresa una solicitud de condena, no una pena impuesta por el tribunal.
El procedimiento debe determinar la responsabilidad individual de cada acusado, las publicaciones concretas atribuidas a cada uno y la eventual existencia de los delitos imputados.
También debe examinar las alegaciones de las defensas, entre ellas la prescripción, la falta de coordinación y otras cuestiones procesales.
La cronología completa del caso Bar España
Caso Bar España: 29 años de acusaciones falsas, menores utilizados y una batalla judicial que vuelve a Castellón
Lo que comenzó en Benicarló en 1997 con una denuncia por supuestos abusos a menores terminó convirtiéndose en una historia de acusaciones contra políticos, jueces, empresarios y funcionarios. La investigación judicial no acreditó la supuesta red criminal. Ahora, seis personas son juzgadas por difundir imputaciones falsas durante años.
Castellón, 16 de octubre de 2026. Casi tres décadas después de que comenzara el llamado caso Bar España, la historia regresa a los tribunales. Esta vez no se juzga la existencia de la supuesta organización de pederastia que durante años circuló por publicaciones, vídeos y páginas web, sino la presunta responsabilidad penal de quienes difundieron aquellas acusaciones.
La Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón ha celebrado este viernes la primera sesión del procedimiento contra seis personas. El juicio está previsto hasta el 26 de octubre, con la comparecencia de más de treinta testigos.
La Fiscalía solicita penas que alcanzan los siete años y medio de prisión por presuntos delitos contra la integridad moral y calumnias con publicidad, entre otras imputaciones recogidas en el procedimiento.
Todos los acusados conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
El caso Bar España en cifras
Fuentes: Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, información sobre el calendario judicial y crónicas de la primera sesión del 16 de octubre de 2026. Las penas solicitadas no constituyen condenas.
Benicarló, 1997: el origen de una historia que acabaría desbordándose
Para comprender el caso hay que retroceder hasta 1997, cuando Reinaldo Colás, un peluquero residente en Benicarló, denunció que sus dos hijas habían sufrido abusos sexuales por parte de la nueva pareja de su exmujer.
Las niñas tenían entonces tres y cinco años. La denuncia fue investigada judicialmente, pero la magistrada encargada del procedimiento archivó las actuaciones al no apreciar delito.
Aquel archivo no puso fin al conflicto.
Colás comenzó a dirigir acusaciones contra personas que habían intervenido en el procedimiento. La magistrada que había archivado la denuncia pasó a convertirse en una de las principales señaladas.
Según las investigaciones judiciales y las posteriores informaciones sobre el caso, la historia fue ampliándose hasta presentar la existencia de una supuesta organización criminal formada por personas influyentes.
El establecimiento conocido como Bar España, situado en el entorno de la antigua carretera N-340 a su paso por Benicarló, terminó dando nombre a toda la historia.
De una denuncia familiar a una supuesta conspiración de grandes dimensiones
Las acusaciones fueron incorporando progresivamente a personas sin relación acreditada con los hechos iniciales.
En las versiones difundidas se señalaba a funcionarios, responsables de centros de menores, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y dirigentes políticos.
Con el paso del tiempo aparecieron relatos sobre supuestos rituales, asesinatos y organizaciones clandestinas.
Sin embargo, las investigaciones no encontraron pruebas que acreditaran la existencia de esa red.
Una distinción fundamental
La existencia de denuncias no demuestra la existencia de los delitos denunciados.
En el caso Bar España, la investigación judicial no acreditó la organización criminal descrita en las publicaciones conspirativas. Además, se documentaron retractaciones de menores y una condena por denuncia falsa relacionada con el origen de las acusaciones.
Los menores y las grabaciones que alimentaron la historia
Uno de los elementos más delicados fue la utilización de testimonios de menores.
Durante años circularon grabaciones en las que se relataban supuestos abusos. Estos materiales se presentaban como pruebas de una organización criminal.
Sin embargo, las investigaciones judiciales cuestionaron la fiabilidad de aquellos relatos.
El auto judicial de 2021 señaló la ausencia de contrastación de las acusaciones y la ocultación de retractaciones de menores.
Algunos de los jóvenes cuyos testimonios habían sido utilizados reconocieron posteriormente que los relatos difundidos no eran ciertos.
El caso plantea una cuestión especialmente grave: el daño que puede ocasionarse a menores cuando sus declaraciones son instrumentalizadas para sostener acusaciones públicas sin pruebas suficientes.
La condena de Reinaldo Colás
Reinaldo Colás fue condenado en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs por un delito de acusación y denuncia falsa.
Su fallecimiento en diciembre de 2017 no supuso la desaparición de la historia.
Las acusaciones habían adquirido vida propia mediante publicaciones digitales, grabaciones y comunidades que continuaban difundiendo el relato.
La investigación judicial posterior examinó la actuación de varias personas que habrían contribuido a mantener y ampliar esas imputaciones.
Cómo se propagó el caso durante casi tres décadas
Etapas de difusión
Primera etapa: denuncias y acusaciones personales
Segunda etapa: ampliación de las imputaciones
Tercera etapa: páginas web, vídeos y redes sociales
Cuarta etapa: procedimientos judiciales por la difusión
Esquema conceptual de las fases del caso. La longitud de las barras no representa mediciones de audiencia ni porcentajes estadísticos.
El crecimiento de Internet permitió que una historia inicialmente localizada en Benicarló alcanzara una audiencia mucho mayor.
Las publicaciones reproducían acusaciones anteriores, añadían nuevas personas y presentaban documentos o vídeos sin una verificación independiente suficiente.
La repetición del relato favoreció que algunos lectores confundieran la acumulación de publicaciones con la existencia de pruebas.
El caso demuestra cómo una acusación puede seguir circulando incluso después de que los procedimientos judiciales no hayan acreditado los hechos denunciados.
Políticos, jueces y funcionarios señalados
La difusión del relato terminó afectando a personas de diferentes ámbitos profesionales y tendencias políticas.
Entre los perjudicados citados en el procedimiento figuran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta Mónica Oltra y la exconsellera Gabriela Bravo.
La aparición de sus nombres en el procedimiento responde a su condición de personas señaladas por las acusaciones difundidas, no a que se haya demostrado participación alguna en la supuesta organización.
La investigación judicial tampoco acreditó las imputaciones dirigidas contra la magistrada que había archivado la denuncia original.
La resolución judicial de 2021
Uno de los hitos relevantes llegó en 2021, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón examinó la difusión de las acusaciones.
La resolución cuestionó que los autores de determinadas publicaciones hubieran realizado una comprobación efectiva de los hechos.
También señaló que se habían omitido datos relevantes, como las retractaciones de menores y las resoluciones judiciales contrarias a las acusaciones.
Este aspecto es fundamental: la investigación no se limitaba a valorar opiniones, sino la difusión de imputaciones concretas de delitos extremadamente graves contra personas identificables.
El juicio de octubre de 2026
La vista oral comenzó el viernes 16 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Castellón.
El procedimiento se dirige contra seis personas acusadas de participar en la difusión de las imputaciones.
También figura un editor de un medio digital como posible responsable civil.
La Fiscalía atribuye a los procesados presuntos delitos contra la integridad moral y calumnias con publicidad, entre otras conductas examinadas.
La acusación pública solicita penas que pueden alcanzar los siete años y medio de prisión.
Calendario previsto del juicio
| Fecha | Actuaciones previstas |
|---|---|
| 16 octubre | Inicio y cuestiones previas |
| 20 octubre | Declaraciones testificales |
| 21 octubre | Continuación de testigos |
| 22 octubre | Prueba pericial y otras declaraciones previstas |
| 23 octubre | Continuación de la vista |
| 26 octubre | Última sesión programada |
Calendario anunciado antes del juicio. Puede modificarse por decisión del tribunal.
Primera jornada: las defensas alegan prescripción y arrepentimiento
La sesión del 16 de octubre ha estado centrada en cuestiones previas.
Las defensas han solicitado que se declaren prescritos determinados delitos de injurias y calumnias y han cuestionado aspectos de la intervención de la Fiscalía.
Algunos abogados han manifestado ante el tribunal que sus representados se retractan de las acusaciones difundidas y están arrepentidos.
La Fiscalía ha mostrado escepticismo sobre el alcance de esas manifestaciones y ha señalado que determinadas publicaciones continúan accesibles en Internet.
El juez ha rechazado algunas peticiones de nulidad y ha anunciado que resolverá otras cuestiones en la sentencia.
Por tanto, al cierre de esta crónica no existe una sentencia del juicio iniciado en octubre de 2026.
Las peticiones de pena y la presunción de inocencia
Petición de prisión de la Fiscalía para determinados acusados.
Esta cifra expresa una solicitud de condena, no una pena impuesta por el tribunal.
El procedimiento debe determinar la responsabilidad individual de cada acusado, las publicaciones concretas atribuidas a cada uno y la eventual existencia de los delitos imputados.
También debe examinar las alegaciones de las defensas, entre ellas la prescripción, la falta de coordinación y otras cuestiones procesales.
