Cuatro establecimientos gastronómicos en la Marina de Valencia deberán cerrar sus puertas el próximo lunes, según lo ha asegurado el Ayuntamiento de Valencia al declarar finalizada su concesión tras dos prórrogas. Los cuatro restaurantes, de acuerdo con el Consistorio, aceptaron desalojar el 5 de mayo. El gobierno local, que actualmente gestiona el área, ha decidido no extender la concesión debido a que pretende implementar un nuevo modelo de ocio, pues el lugar ha sido escenario frecuente de actividades de botellón con música que violan la normativa sobre contaminación acústica, según han informado fuentes municipales.
Los propietarios de los restaurantes han criticado que la falta de licitación para el próximo concurso de adjudicación del espacio podría llevar al cese de más de 400 empleados, de los cuales una tercera parte fueron afectados por la dana en sus viviendas, según un comunicado del despacho de abogados Chapapría-Navarro.
Manolo Mata, responsable de uno de los restaurantes afectados, informó a este medio que la semana pasada interpuso un recurso ante el Ayuntamiento para frenar la orden de cierre debido al fin de la concesión. Si no se resuelve, sostiene, no se puede exigir el desalojo de los inmuebles. Sin embargo, el criterio de la Asesoría Jurídica es distinto: aseguran que responderán en tiempo y forma y que los plazos han sido definidos claramente.
El Consistorio precisa que los contratos habían sido prorrogados “en dos ocasiones, la primera hasta el 31 de enero de 2025 y la segunda hasta el 4 de mayo de 2025”. “En ambos casos, los arrendatarios aceptaron las condiciones de la prórroga, comprendiendo que un contrato de arrendamiento es, por definición, temporal”, afirman fuentes municipales, explicando que asociar la destrucción de empleos a la no renovación de la concesión es una crítica injustificada.
Asimismo, aclaran que no existió ninguna orden de cierre propiamente dicha, ya que la clausura fue aceptada voluntariamente por los arrendatarios al firmar las prórrogas. Una vez terminado el servicio al público el 4 de mayo, los inquilinos tienen hasta el 31 de mayo para desalojar los locales de manera ordenada. Las reuniones entre los arrendatarios, sus representantes legales y el Ayuntamiento para discutir este asunto han sido frecuentes.
Juan Chapapria, representante del bufete que asesora a tres de los restaurantes, destacó que los concesionarios cumplen con todos los requisitos que en su momento estableció el Consorcio Valencia 2007 y los criterios actuales de delegación de Patrimonio. “Se han suscrito dos prórrogas y pagado las fianzas solicitadas por la administración durante la temporada baja, para que ahora la corporación local no cumpla con su palabra de permitir a estos locales seguir operando hasta la adjudicación al nuevo concesionario”, indicó.
Chapapria advirtió que el cierre inmediato podría dejar la zona desocupada, incrementando el riesgo de convertirla en un lugar de botellón y generando inseguridad y molestias para la comunidad. “Los concesionarios, quienes recibieron la concesión hace más de 20 años, solicitan permanecer allí hasta que el nuevo concesionario sea adjudicado para evitar un descontrol semejante al de Maremagnum en Alicante. Los empresarios han costeado la seguridad cuando la Policía Local no la proporcionó, demostrando su disposición a colaborar con la administración, mientras siguen sin recibir una justificación al negarles la posibilidad de continuar en un espacio de ocio desarrollado tras la Copa del América”, concluyó.
