La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, encargado de investigar la gestión de la dana, que requiera al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat el envío de sus protocolos internos y un listado de las rondas informativas llevadas a cabo, indicando sus destinatarios. Asimismo, el sindicato demanda que Emergencias de la Generalitat esclarezca si se pidió a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ajustar sus predicciones de manera continua para áreas específicas.
El abogado de CGT en esta causa, Joan Comorera Estarellas, ha afirmado que “la gestión de una emergencia no es algo que se improvise”. Destacó la necesidad de conocer qué medidas se implementaron, los momentos en que se hizo y la razón por la cual no se activaron todos los mecanismos definidos en el Plan. Según Comorera, es fundamental aclarar las responsabilidades institucionales, más allá de las justificaciones políticas.
Acompañando la petición ante el juzgado, FETAP-CGT ha incluido un “extenso análisis técnico” elaborado por su secretario de Formación, Sergio Álvarez Hombría, con el objetivo de fortalecer la investigación judicial sobre la gestión de la dana. Este documento expone “con base documental los fallos en la aplicación del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones y del Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat Valenciana”. Enfatiza la “omisión de rondas informativas obligatorias y la no constitución de los Cecopal (Centros de Coordinación Operativa Municipal)”, considerados esenciales para responder a situaciones de riesgo hidrológico.
La organización ha aportado documentación adicional que comprende informes oficiales como el ‘Informe n.º 7 sobre el episodio dana en la Comunitat Valenciana’ fechado el 31 de octubre de 2024, presentaciones técnicas del subdirector de emergencias Jorge Suárez Torres, y un oficio enviado al Juzgado por la Agencia de Seguridad y Emergencias el 28 de febrero de 2025.
El informe técnico también señala que la emergencia en la comarca de la Ribera Alta “ya era evidente” desde las 7:45 horas del 29 de octubre y que “la falta de activación de los mecanismos previstos (PAM, PTM y PMA) no solo vulneró los protocolos establecidos, sino que puso en riesgo la seguridad de la población y del personal público desplegado en la zona”.
FETAP-CGT ha reafirmado su “compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa de los intereses de los trabajadores públicos y de la ciudadanía frente a cualquier actuación negligente de las autoridades competentes”.
