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La EMT ofrece dejar en manos de la agencia valenciana antifraude la decisión sobre la jubilación parcial de 42 personas en 2018

El Ayuntamiento inicia la adaptación de 169 paradas de la EMT con franjas tacto-visuales para facilitar la accesibilidad de personas invidentesLa Dirección de la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT)  ha ofrecido a los representantes sindicales en el Tribunal de Arbitraje de València (TAL) someter el proceso de regularización de las jubilaciones parciales que quedan para firmar este año a un laudo arbitral de derecho ante las presuntas irregularidades encontradas.

 

Esta mañana se ha celebrado el TAL pedido por el sindicato CGT para que los 42 trabajadores y trabajadoras de EMT, que pueden optar a jubilación parcial este año y que se han visto afectados por el descubrimiento por parte de la actual dirección de las presuntas ilegalidades cometidas hasta ahora en la gestión de las jubilaciones, puedan trabajar menos días de los establecidos legalmente.

 

El acuerdo ofrecido al Comité de Empresa por la actual gerencia, que ha adaptado el funcionamiento de la jubilación parcial a las mejores condiciones para el personal que ofrece la legislación vigente, quería dejar en manos de expertos determinar si esta decisión es la mejor posible o si es factible -como aseguran algunos sindicatos- la concesión de jubilaciones parciales trabajando menos días de los que establece la Ley General de Seguridad Social.

 

Si las personas expertas confirmaran las irregularidades se mantendría el cambio de criterio y los 42 trabajadores y trabajadoras afectados tendrían que realizar el 15 % de su jornada; en caso contrario, se volvería al criterio de las 65 jornadas. El Comité de Empresa, sin embargo, ha rechazado realizar ese arbitraje, quedando así la situación para los trabajadores y trabajadoras regulada por la Ley General de Seguridad Social.

 

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha asegurado que con esta propuesta de acuerdo se manifestaba «la voluntad de la empresa de no perjudicar al personal que se ha encontrado ante una situación provocada en 2013 por el Partido Popular. En ningún caso queremos perjudicar a los empleados y empleadas. Solo queremos acabar con toda la corrupción que el PP ha sembrado en la Comunitat Valenciana los últimos años. Por eso, dejar la decisión en manos de la Agencia Valenciana Antifraude, con el aval del TAL, garantizaría que la decisión final sería la más justa para todos y todas», ha concluido.

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