La Diputació urge nueva ley contra la violencia vicaria

Valencia lidera el clamor institucional frente a la violencia vicaria

La Diputación de Valencia ha dado un paso al frente en la lucha contra una de las formas más atroces de maltrato: la violencia vicaria. Esta forma de violencia machista, que afecta directamente a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, ha vuelto a ocupar el debate político e institucional tras diversos sucesos que estremecen a la sociedad española.

Con un movimiento enfático y unánime, la institución provincial ha aprobado una moción que exige al Gobierno central una nueva legislación específica contra la violencia vicaria. Esta petición se sustenta en la necesidad de proteger a los menores, quienes muchas veces se convierten en instrumentos utilizados por el agresor para causar un daño extremo a la madre.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género en la que el agresor, habitualmente el padre o expareja de la mujer, ataca a los hijos o hijas para hacerle daño indirectamente a través de ellos. No es solamente una estrategia de amenaza o chantaje, sino que en muchos casos culmina en violencia física o incluso en el asesinato de menores.

Este tipo de violencia no está suficientemente tipificada ni contemplada en el marco legal actual, lo que genera amplias lagunas a la hora de actuar con contundencia desde las estructuras policiales, judiciales y sociales.

La moción aprobada por la Diputació de València

Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, celebrada en el Palacio de la Batlia, fue aprobada por unanimidad una moción que solicita al Gobierno de España la elaboración de una ley específica contra la violencia vicaria. El texto fue impulsado por el grupo Compromís, con aportes de distintos grupos que mostraron su compromiso transversal contra la violencia de género en todas sus formas.

Objetivos fundamentales del acuerdo

• Reconocer e incorporar la violencia vicaria como forma de violencia de género dentro de la legislación estatal.
• Implementar medidas preventivas y de apoyo psicológico tanto para las víctimas directas como indirectas.
• Garantizar la protección judicial efectiva de los menores, evitando situaciones de custodia o régimen de visitas con padres agresores.
• Reforzar la formación del personal judicial, educativo y sanitario en materia de detención precoz y atención profesional.

Un compromiso institucional firme y transversal

Tanto los partidos progresistas como los conservadores de la Diputación evidenciaron su disposición a aunar esfuerzos para frenar esta lacra social. Destacaron que la unidad institucional es fundamental para enviar un mensaje poderoso desde las administraciones públicas: la violencia vicaria es violencia machista y debe erradicarse.

Desde el área de Igualdad de la Diputación, se puso especial énfasis en la necesidad de incorporar la perspectiva infantil en todos los procesos judiciales relacionados con la violencia de género, y se resaltó la necesidad de sumar recursos públicos que garanticen la atención integral de las víctimas.

Un problema cada vez más visible, pero aún sin respuesta legal suficiente

En los últimos años, los casos de violencia vicaria han aumentado en visibilidad, pero también en frecuencia. Diversos informes del Ministerio de Igualdad y del Consejo General del Poder Judicial advierten sobre el peligro de que los menores sigan quedando en un limbo legal que los expone aún más al daño.

Situaciones en las que jueces otorgan derechos de visita o custodia a padres con antecedentes de maltrato han generado indignación social y llevado al Parlamento debates urgentes que, sin embargo, todavía no se han consolidado en normas específicas y eficaces.

Datos alarmantes sobre violencia vicaria en España

• Desde 2013, más de 50 menores han sido asesinados por sus padres como forma de venganza contra sus madres.
• Cada año al menos 400 niños y niñas reciben atención psicológica por haber presenciado o sido víctimas indirectas de violencia de género.
• Más del 60 % de las madres víctimas de violencia de género consideran que sus hijos también han sido víctimas de la violencia del padre.

La demanda de una ley específica: por qué es necesaria

La legislación española cuenta con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero diversos colectivos feministas, plataformas ciudadanas y asociaciones de víctimas consideran que esta norma no cubre adecuadamente la complejidad de la violencia vicaria.

Además, a nivel judicial no existe una definición armonizada que permita a jueces y fiscales actuar con rapidez ante indicios claros de este tipo de violencia. Por eso, los expertos reclaman una

• definición jurídica clara de violencia vicaria.
• Protocolos unificados para detectar e intervenir en casos con riesgo de violencia a menores.
• Medidas cautelares inmediatas para evitar que los menores convivan con agresores.
• Formación específica para operadores jurídicos en perspectiva de infancia y género.

Todo ello permitiría una mejor implementación de políticas públicas y, sobre todo, una protección efectiva de los más vulnerables: los niños y niñas que crecen en contextos de violencia.

Reacciones sociales y apoyo ciudadano

La moción de la Diputación viene a reforzar un reclamo social creciente. Colectivos feministas, asociaciones de madres protectoras, plataformas infantiles y profesionales del ámbito jurídico han manifestado su apoyo a esta decisión, insistiendo en que la lucha contra la violencia de género no puede dejar fuera a los menores afectados.

Desde distintos municipios de la provincia, alcaldes y alcaldesas han anunciado su intención de sumarse a este llamamiento institucional y aprobar mociones similares en sus plenos locales.

Campañas de concienciación y movilización ciudadana

La presión ciudadana también se ha trasladado a las calles. Valencia ya ha sido escenario de marchas y concentraciones bajo lemas como “Ni una más, ni uno más” o “Infancia sin violencia”. Estas manifestaciones, que han contado con una enorme participación, reclaman la intervención urgente del Estado y hacen visible una realidad comúnmente silenciada.

Del mismo modo, los medios de comunicación han dado cobertura a testimonios desgarradores de madres que han perdido a sus hijos a manos de sus exparejas, lo que ha contribuido a elevar la conciencia colectiva respecto a la violencia vicaria.

Próximos pasos: ¿qué deben hacer las instituciones ahora?

El acuerdo aprobado por la Diputació no tiene carácter legislativo, pero supone un paso fundamental en el proceso de generación de presión institucional. A partir de ahora, se espera que:

• El Congreso de los Diputados promueva iniciativas que desemboquen en una ley estatal específica.
• El Ministerio de Igualdad elabore un anteproyecto de ley que recoja el enfoque de violencia vicaria como forma autónoma de violencia de género.
• Las comunidades autónomas coordinen sus programas de protección a menores con lineamientos comunes.
• Los juzgados de familia cuenten con unidades especializadas en violencia vicaria.

Conclusión: una deuda pendiente con la infancia

La violencia vicaria representa una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género. Ataca donde más duele, y no solo perpetúa el daño a las mujeres, sino que se ensaña contra la infancia.

Ante esta realidad, la acción de la Diputació de València se convierte en un ejemplo de valentía política e institucional. Siguiendo este camino, podrán sentarse las bases legislativas que garanticen la protección integral de los menores y el reconocimiento legal de esta forma de violencia.

En definitiva, urge una ley estatal contra la violencia