El Ayuntamiento de Valencia podría acudir a la vía judicial para defender su Zona de Bajas Emisiones ante el bloqueo por parte de la oposición
El Ayuntamiento de Valencia evalúa recurrir a los tribunales para proteger su proyecto de Zona de Bajas Emisiones ante la persistente oposición. La falta de aprobación podría resultar en sanciones por parte de Europa y la pérdida de aproximadamente 115 millones de euros en ayudas al transporte y fondos Next Generation si no se llega a un acuerdo antes de fin de año.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declaró que el Partido Popular ha sido el único grupo que ha buscado soluciones para evitar la pérdida de recursos. En sus declaraciones, Catalá advirtió sobre las posibles sanciones europeas y afirmó que, de no lograrse un acuerdo, se verán obligados a litigar si las circunstancias lo requieren.
Catalá ha subrayado que ella y su grupo han mostrado disposición para aprobar la ordenanza, pero lamentó que la oposición esté introduciendo temas no relacionados, como el Corredor Verde y una moción sobre la calle Colón, impidiendo el consenso necesario. Las negociaciones han incluido propuestas para ampliar la Zona de Bajas Emisiones a toda la ciudad y para incluir restricciones a vehículos con etiqueta B a partir de 2032, propuestas que no han contado con el respaldo necesario.
La alcaldesa criticó la postura del PSPV y Compromís, indicando que la falta de acuerdo no se debe a la falta de diálogo por parte del PP. Catalá reiteró la importancia de alcanzar un consenso para evitar las sanciones económicas y recalcó que, si persiste el bloqueo por parte de la oposición, el camino judicial será una opción viable.
En medio de este escenario, las críticas de Compromís y el PSPV no se hicieron esperar. La concejala María Pérez acusó a Catalá de no gestionar adecuadamente la situación y de culpar a terceros de su falta de acción. Papi Robles, portavoz de Compromís, calificó de irresponsable la actitud de la alcaldesa y sostuvo que la propuesta de Compromís para reducir la contaminación está alineada con las normas europeas.
La situación se complica aún más debido a que Vox, socio de gobierno, también ha retirado su apoyo a la iniciativa, siguiendo la línea del partido a nivel nacional. Sin avances significativos en las negociaciones, el riesgo de perder una cuantiosa financiación europea es cada vez más inminente.
