La candidata socialista a la Alcaldía de Granada defiende que pertenece a la clase media pese a figurar en 19 propiedades, la mayoría compartidas por herencia. Mientras, el PP cuestiona el discurso del PSOE sobre la vivienda tras conocerse los negocios inmobiliarios de la pareja de su portavoz nacional.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de confrontación política en España, especialmente después de conocerse el patrimonio inmobiliario de varias personas vinculadas al Partido Socialista.
Las últimas informaciones afectan a Raquel Ruz, secretaria general del PSOE de Granada y candidata a la Alcaldía, y a Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, cuya pareja desarrolla una importante actividad empresarial relacionada con el alquiler de viviendas.
Ambos casos han provocado críticas políticas en plena precampaña electoral, en un momento en que el Gobierno defiende nuevas medidas para intervenir en el mercado del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.
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Raquel Ruz figura en 19 inmuebles, pero solo uno le pertenece íntegramente
Según la documentación patrimonial presentada por Raquel Ruz ante el Ayuntamiento de Granada en 2023, la dirigente socialista figura como propietaria de una vivienda al cien por cien y tiene participaciones en otros 18 inmuebles urbanos.
Su residencia habitual se encuentra en Padul y aparece declarada con un valor catastral de 143.125,62 euros.
El resto del patrimonio corresponde a participaciones compartidas procedentes de inversiones familiares.
Entre los porcentajes declarados figuran participaciones del 33 %, del 22,22 %, del 11,11 % y del 8,33 %, dependiendo de cada inmueble.
Las propiedades incluyen viviendas, locales comerciales y otros inmuebles urbanos.
Ruz también participa en tres comunidades de bienes relacionadas con la gestión y el alquiler de propiedades.
«No soy una rica heredera, soy clase media»
La dirigente socialista ha rechazado que las informaciones sobre su patrimonio reflejen correctamente su situación económica.
En una entrevista concedida a Onda Cero Granada el 6 de octubre, defendió que buena parte de las propiedades proceden de la actividad empresarial desarrollada por su familia durante décadas.
Ruz aseguró que no se considera una persona rica y se definió como integrante de la clase media.
También explicó que muchas de sus participaciones representan porcentajes reducidos de la propiedad total de los inmuebles.
La socialista considera que presentar todas estas propiedades como si fueran viviendas de su exclusiva titularidad ofrece una imagen distorsionada de su patrimonio.
La controversia gira precisamente en torno a esa diferencia: figurar como copropietaria de numerosos inmuebles no equivale a disponer íntegramente de todos ellos.
La pareja de Montse Mínguez tiene negocios con unos 30 pisos en alquiler
La segunda polémica afecta a Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Según las informaciones publicadas por Artículo 14 y recogidas posteriormente por otros medios, su pareja, Sergi Vélez, está vinculada a un grupo de empresas inmobiliarias de Lleida que gestiona alrededor de 30 viviendas en alquiler.
Las empresas se dedican a actividades como la adquisición, rehabilitación, gestión y arrendamiento de inmuebles.
Las informaciones también señalan que algunas de estas sociedades han promovido procedimientos judiciales de desahucio por impago de alquiler.
La existencia de esos procedimientos no implica por sí misma que se hayan cometido irregularidades, puesto que la legislación contempla mecanismos judiciales para reclamar el cumplimiento de los contratos.
Mínguez defiende la legalidad de los negocios de su pareja
La portavoz socialista ha respondido a la controversia asegurando que se trata de una actividad empresarial familiar que cumple la legislación vigente.
También ha considerado que las informaciones constituyen un ataque personal relacionado con la proximidad de las elecciones generales.
Mínguez ha defendido que la actividad profesional de su pareja no invalida las propuestas del PSOE para regular el mercado de la vivienda.
Por su parte, el Partido Popular considera que existe una contradicción política entre el discurso socialista contra los grandes propietarios y la actividad inmobiliaria de personas vinculadas a sus dirigentes.
El PP denuncia incoherencia y el Gobierno respalda a su portavoz
La polémica ha llegado al debate político nacional.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado la coherencia del PSOE después de conocerse las informaciones sobre las propiedades gestionadas por la pareja de Mínguez.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la legalidad de la actividad empresarial y ha insistido en que el debate principal debe centrarse en las políticas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda.
El presidente Pedro Sánchez también ha expresado su respaldo a Montse Mínguez y ha afirmado que desconoce las actividades profesionales concretas de su pareja.
¿Qué significa realmente ser un gran tenedor?
La controversia ha reabierto el debate sobre la definición legal de gran tenedor de vivienda.
La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda establece, con carácter general, la consideración de gran tenedor para las personas físicas o jurídicas titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, o de una superficie construida de uso residencial superior a 1.500 metros cuadrados, excluyendo garajes y trasteros.
En determinadas zonas de mercado residencial tensionado, la definición puede aplicarse a titulares de cinco o más inmuebles residenciales cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes.
Por tanto, para determinar si una persona tiene esa condición no basta con contar cuántas referencias inmobiliarias aparecen en una declaración patrimonial.
Es necesario analizar el tipo de inmueble, su uso, la titularidad y las circunstancias jurídicas de cada propiedad.
En el caso de Raquel Ruz, las participaciones compartidas hacen necesario un análisis más detallado antes de atribuirle esa condición legal.
La vivienda se convierte en protagonista de la precampaña
Las informaciones sobre Raquel Ruz y Montse Mínguez llegan en un momento en el que la vivienda ocupa una posición central en el debate político.
El encarecimiento del alquiler, la escasez de oferta residencial y las dificultades de acceso a una primera vivienda han aumentado la presión sobre los partidos para presentar soluciones.
El PSOE defiende medidas de regulación y protección de los inquilinos, mientras el PP cuestiona algunas de esas intervenciones y reclama políticas orientadas a incrementar la oferta de vivienda.
En este contexto, las declaraciones patrimoniales y los negocios inmobiliarios vinculados a representantes políticos se han convertido en nuevos elementos de confrontación.
La cuestión de fondo es doble: por una parte, la transparencia sobre los intereses económicos de quienes participan en la elaboración de políticas públicas y, por otra, la necesidad de distinguir entre actividades legales, posibles conflictos de intereses y acusaciones de incoherencia política.
Por ahora, las informaciones conocidas no acreditan por sí mismas que Raquel Ruz o Montse Mínguez hayan cometido ninguna ilegalidad relacionada con los inmuebles mencionados.
